Deuda y ambigüedades en seguridad social

Ricardo López Murphy (*)

Hemos decidido enviarle otra carta a la señora Presidente, en línea con la que le habíamos presentado hace varios meses. En la anterior carta explicamos cómo se podía resolver el problema de los juicios de los jubilados, y en esta ocasión vamos a referirnos no sólo a ese tema, sino también al desvarío institucional, político, económico y social que es no respetar el marco legal vigente y utilizar los recursos de los jubilados en todo tipo de emprendimientos clientelísticos, crediticios, empresariales y encuestológicos.

El sistema de seguridad social tiene que ser diseñado para poder ser administrado y cumplido en los plazos que la ley establece. En general, en el mundo se acepta que esos sistemas deben tener una corrección dinámica por el fenómeno de envejecimiento de la modernidad y también por la posibilidad del alargamiento de la vida activa.

Ese proceso ha llevado a los países desarrollados al estiramiento en la edad para jubilarse, elevando la edad de jubilación plena en torno a los 68 años; así como extender el período de vida laboral a un mínimo cercano a los 42 años en Francia y 38 en España.

En la Argentina existe un propósito concreto de no respetar las reglas, y por eso no se ha cumplido con los presupuestos que establece la Constitución nacional, dedicándose los recursos de la ANSES para hacer inversiones accionarias en empresas privadas, para dar préstamos, para aumentar el número de empleados públicos o para organizar todo tipo actividades estatales, entre las que se cuentan «contratar» encuestas.

Ésa no es la función de la seguridad social, y mucho menos en esas condiciones de incumplimiento de los juicios y despilfarro, se puede decir «libremente» que no se pueden afrontar los pagos a las deudas con nuestros abuelos.

Desde nuestra perspectiva, hay una forma de resolver este dilema y de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Los juicios deben ser pagados y contamos con los recursos para hacerlo. El Gobierno nacional no puede mirar para otro lado, mientras personas de entre 80 y 90 años le hacen juicio al Estado.

Nuestra propuesta cuenta con tres elementos. En primer lugar, hacer un ofrecimiento a los jubilados que están en juicio contra la ANSES para que depongan esta situación a cambio de un pago de 40.000 pesos que se financiaría con la venta de las acciones en poder del Estado en empresas privadas. En segundo lugar, con el ajuste inmediato de la prestación jubilatoria en los niveles que legalmente corresponden. Y por último, con el pago de un bono por los montos que judicialmente se establecerán, por encima de los 40.000 pesos, de modo tal de hacer viable financieramente la normalización jurídica.

Esa propuesta sigue siendo razonable, consistente y lógica con nuestro orden jurídico.

En términos de la viabilidad del sistema, resulta cierto que se han realizado reformar previsionales tanto en 2007 como en 2008 que nunca revisaron actuarialmente su viabilidad. Es valioso analizar los debates parlamentarios sobre el tema para que se tome conciencia de la irresponsabilidad con que el Congreso de la Nación avanzó en esta materia.

En cualquier caso, para corregir el sistema provisional y adaptarlo en la línea con lo que ha ocurrido en los países europeos y en los países vecinos, ése es un procedimiento que con un estudio actuarial adecuado se puede afrontar a lo largo de dos décadas.

Ello implica un proceso de corrección tanto de la edad de retiro como de años de aportes, que hagan al sistema consistente, viable y actuarialmente sostenible.

Eso debe respetar la correspondencia entre aportes y haberes de retiro. En nuestro sistema siempre ha tenido como lógica una relación de ambos, y eso no se puede alterar arbitrariamente, sin afectar nuestro contrato social.

Es aceptado que haya un elemento de distribución del ingreso, en los haberes de retiro, pero no puede ser financiado a costas de los jubilados que han hecho los aportes correspondientes.

En momentos tan cruciales para la sociedad y para nuestro país, es clave que este tema no sea olvidado. Tenemos que terminar con la originalidad de las políticas públicas argentinas para tratar de imitar o de seguir los pasos de aquellos países que han sido exitosos y han alcanzado el desarrollo. Ésa es nuestra prédica para estos tiempos de cambios y nuevas esperanzas.