Bajo el paraguas de la AmCham (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos) y del Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino (IDEA), los empresarios presentaron su propia batería de reformas judiciales de amplio espectro y con el objetivo ubicarse por fuera de la “grieta”. La iniciativa, condensada en 8 grandes ejes, recoge varias de los planteos que fueron esbozados tanto en los Coloquios que concitan a los CEO de las principales firmas del país, como de las demandas empujadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de cuyos blancos es el “desequilibrio” que conlleva la actual conformación del Consejo de la Magistratura.
Con la intención de ser el inicio de una serie de proyectos que puedan sumar otros similares a la discusión pública en el corto plazo, el timming de los hombres de negocios para su presentación coincide con el vacío en la agenda judicial del Gobierno que no logra destrabar la Ley de Ministerio Público, que ha visto languidecer la fusión de Comodoro Py y que ha dejado en el cajón el informe de la “comisión de notables”. Más allá que el punto de partida sea inequívoco –mala imagen del Poder Judicial frente a la sociedad y mal clima de inversiones por manoseos institucionales de la política- el desafío enfrenta una discusión a varias bandas: con el Poder Ejecutivo, con el Congreso y hasta con la Corte Suprema. Serán presentadas también al ministro de Justicia Martín Soria.
Con su propia comisión de juristas, varios integrantes de los bufetes que litigan a gran escala, los dos sellos estamparon la firma imprimiéndole a la iniciativa la posición institucional de quienes marcan el termómetro de los climas de negocios en el país. Con un listado que apuntala el sentido común a reformas “de eficiencia” postergadas en materia judicial, lo jugoso está en los detalles: a la mentada digitalización del Poder Judicial –necesaria con la prueba de fuego del vetusto Lex100 durante la pandemia- le agregaron el enfoque de transparencia que implicaría contar con estadísticas online, reporte de datos y control de tiempos. Más si se pone en discusión que ese cambio tecnológico cuenta con la posibilidad de ser financiado por el Fondo Anticíclico de la Corte, lo que será materia de discusión. Es algo novedoso. Hasta ahora sólo a la política le había interesado el destino de ese dinero que la Corte cuida con celo ante las intentonas de arrebatárselo de cada gobierno.
El segundo ítem es un tema caliente: la ética judicial. Sin ejemplos concretos pero de extrema actualidad, se propone un “código de buenas prácticas” para los magistrados. Una suerte de relleno al “gris” que existe para que el comportamiento de un juez sea considerado una causal de mal desempeño por el Consejo, algo que vuelve de difícil concreción una remoción. Eso incluye un Tribunal de Ética que podría evaluar comportamientos disvaliosos de magistrados. Un “ser y parecer” que podría devolver niveles de confianza pública que, al parecer, ni ciudadanos ni empresarios tienen en los jueces.
Un tercer punto es candente: el manejo de los fondos. El proyecto propone una opción más clásica y es la devolverle el control de administración a la Corte respecto del Consejo para la administración presupuestaria que apunte a la autarquía financiera, algo que aparece como un objetivo constitucional en mora. Esa sería una reforma que precisa de una nueva ley y aumento de porcentajes de los recursos tributarios y no tributarios. Música para los oídos de los jueces que obtendrían más lugares en las decisiones presupuestarias y de administración y en la Corte como única cabeza de conducción, algo que va de la mano de una reforma del Consejo que constituye un capítulo aparte.
La actualización del Recurso Extraordinario tiene puntos de contacto tanto con los “notables” que elaboraron su diagnóstico y soluciones, como del propio Presidente, así como proyectos en los que se trabajó en la misma Corte. El objetivo de regular el flujo de casos que escalan sin un grifo normativo se toca con la mirada sobre las sentencias por arbitrariedad. Para los empresarios eso permitiría alivianar carga de trabajo a la Corte, más si sus sentencias tienen peso hacia abajo, cuando se resuelve doctrinariamente por analogía. Hay un punto de coincidencia plena con el cuarto piso del Palacio de Tribunales: si el Estado (principal cliente de la Corte) quiere alivianar la cantidad de casos que forman el cuello de botella debería inmediatamente dejar de apelar sentencias previsionales, o que se concedan con efecto “devolutivo” para los litigantes.
El quinto capítulo versa sobre un terreno en permanente disputa: el Consejo de la Magistratura. Más allá de que los firmantes insisten en que debe ser la Corte la que diga que el actual formato es inconstitucional con un fallo respecto a la propia causa que promovió el Colegio y que está en vilo desde fines de 2015, sostienen la chance de un Plan B que debiera legislar el Congreso. Comparten allí con el oficialismo el declamado fin de “despolitizar” el Consejo pero manteniendo el número de 13 integrantes: 3 jueces, 4 abogados por la matrícula federal y de provincias, 1 presidente de Corte Suprema, un “representante” de la política por el bloque mayoritario, otro por la primera minoría y otro por la segunda (3 en total y que no sean los propios legisladores), 1 representante del Ejecutivo y 1 académico. Eso le permitiría ser “contramayoritario”. La política siempre ha resistido alejarse –siquiera presencialmente- del bastión donde se eligen los jueces.
La escuela judicial para mejorar la calidad de aspirantes (y sobre todo que permita ingresantes externos al Poder Judicial como objetivo final) tiene una segunda instancia que es la creación de un “reservorio” de candidatos que completen formación. Los últimos dos puntos son ideales para quienes hayan tenido que litigar: aceleración de procesos civiles y comerciales –con nuevo Código Procesal- y celeridad en los procesos penales, donde coinciden con el acusatorio, la oralidad y el juicio por jurados, todos hitos para los que todavía no hay un horizonte de llegada.
Dejá tu comentario