En cinco meses, toda la Capital ya no va a estar subsidiada

El Gobierno avanzó ayer mucho más rápidamente de lo que se esperaba en el proceso de eliminación total de los subsidios en gas y electricidad para los hogares de todo el país y en AySA para los que viven en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Lo anunciado ayer implica dos pasos. El primero, la quita total de subsidios en esos servicios a partir del 1 de enero para los countries sea cual fuere su ubicación, y para Barrio Parque y Puerto Madero en Capital Federal.

El segundo paso es el empadronamiento en un registro de los usuarios de electricidad, gas y AySA. Este procedimiento empezará por la Capital Federal e implicará el envío, junto con la próxima factura, de un formulario donde cada consumidor titular del servicio deberá contestar sí o no a la pregunta : «¿Considera que debe seguir subsidiado por el Estado nacional?».

Si la respuesta es sí, a posteriori se le pedirá la documentación probatoria, se cruzarán los datos con la AFIP y la ANSES, y se le enviará una «visita social» para confirmar la situación económica real. En apariencia, todas las excepciones gestionadas hasta ahora deben volver a presentar la documentación probatoria. Si la respuesta es no (o directamente el usuario no contesta), en el mismo mensaje el consumidor encontrará el monto de subsidio que recibió este año y el que le corresponderá pagar en 2012. Esta última cifra se dividirá en seis y se cobrará un precio igual en todos los bimestres.

Con este mecanismo, el Gobierno procura evitar que el mayor peso de la quita de los subsidios recaiga en el invierno, cuando los consumos son más altos, siendo que desde que se aplican el cargo en gas para pagar importaciones y se aplica el precio mayorista de la electricidad establecido en noviembre de 2008, (igual fecha para el cargo gasíferos) hay exenciones en el 100% en junio y julio y en el 70% en setiembre y octubre que ahora también se eliminarán (ver cuadro aparte).

En principio, en el caso de no enviar la respuesta, el usuario tendrá una segunda oportunidad con otra factura de pedir que le mantengan el subsidio. Por las declaraciones oficiales de ayer se presume que en la tercera facturación a partir de ahora todos los usuarios de Capital Federal que no justifiquen una situación especial dejarán de ser subsidiados. Y que igual criterio se irá extendiendo a todo el país empezando por las zonas que reciben más fondos del Estado nacional por los servicios de gas, luz y agua.

En la práctica, el esquema anunciado implica un fuerte aumento en los desembolsos de cada particular para pagar esos servicios. Técnicamente no es un aumento de tarifas, porque las empresas prestadoras no tienen mejoras en sus márgenes, pero al eliminarse los subsidios, hay una suba de bolsillo que llegaría a niveles superiores a 200% en los tres casos.

Así como está anunciada hasta ahora, la decisión oficial carece del gradualismo que debería aplicarse después de años de subsidios. No hay además, por lo menos hasta ahora, niveles intermedios. Se paga el 100% del subsidio o se paga 0, mientras numerosos hogares de clase media seguramente necesitan mantener algún porcentaje de la subvención por lo menos por un tiempo.

Los siderales aumentos que deberán pagarse sin gradualismo, por ahora seguirán conviviendo con los castigos por consumir más luz y gas que en 2003-2004, y como esas penalizaciones se calculan considerando el precio mayorista de la energía y el cargo por metro cúbico de gas, la incidencia de ese concepto puede subir enormemente en las facturas, tal como ocurrió en el invierno de 2009, debido a que con el trascurso de los años, una familia puede haber incorporado más miembros y más electrodomésticos.

Para agravar las cosas, hay fallos de cámaras federales de varios lugares del país que directamente prohíben a las distribuidoras facturar el cargo y el precio de la energía de noviembre de 2008. Hay un fallo de Cámara, a favor del defensor del Pueblo de la Nación, que habilita a cada usuario a no pagar esos valores si no quiere. Ahora los dos conceptos volvieron a subir abruptamente, mientras por ahora la Corte Suprema no resolvió si da lugar o no al Estado nacional para presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal por los fallos de segunda instancia.