Jubilados: Corte pide más datos

Ricardo Lorenzetti

De los cerca de 350 mil juicios en trámite por reajustes jubilatorios, apenas 200 mil son viables. El diagnóstico surgió del intercambio de información entre la Corte Suprema y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y motivó una iniciativa conjunta para acotar lo que ambas partes consideran un exceso de litigiosidad.

El máximo tribunal, además, no prevé avanzar de momento en el análisis de una «acción de clase», es decir, una demanda colectiva con impacto sobre el universo de jubilados que demandan al Estado. Esa posibilidad, expuesta en un planteo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, preocupaba al Gobierno, que había advertido, a través de funcionarios, de un posible déficit del sistema previsional.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el resto de los ministros resolvieron pedirle al director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, una ampliación de la información que elevó el organismo a solicitud del tribunal. Semanas atrás, los cortesanos recibieron un informe por escrito y luego la visita del propio Bossio, que había pedido una entrevista para brindar detalles de la litigiosidad en el sistema y de las posibilidades de ANSES de absorber los juicios en su contra.

Del informe escrito y del oral surgieron nuevas inquietudes por parte de los jueces, que le pidieron a Bossio más datos para las próximas semanas. En los últimos días, además, avanzaron en un trabajo conjunto para establecer con mayor certeza el número de demandas viables contra el organismo previsional. De las 350 mil en trámite se calcula que poco más de la mitad tiene chances concretas de llegar a una sentencia favorable para el demandante.

La diferencia numérica radica en que muchos de los juicios fueron iniciados de manera errónea por parte de los abogados patrocinantes. Además, en algunos casos las demandas fueron superadas por los aumentos otorgados primero por el Gobierno en las jubilaciones mínimas, y luego por la aplicación de los aumentos previstos en la ley de movilidad de los haberes.

Más allá del número final de juicios, los primeros informes de Bossio llevaron certeza a la Corte de que en el contexto actual, universalizar el 82% móvil para los jubilados, como quedó planteado a partir del fallo «Badaro», generaría un riesgo concreto de quiebra del sistema. En el tribunal transmitieron que ninguna Corte -en la Argentina o en otro país- tomaría una decisión que significara el quebranto del Estado.

Los jueces, además, descartaron una posible declaración de inconstitucionalidad sobre la forma de utilización de los recursos previsionales por parte del Estado. La inquietud había surgido a partir de los cuestionamientos en algunos sectores de la oposición sobre el pago de la Asignación Universal por Hijo con fondos de ANSES, así como por los mecanismos de inversión elegidos por el equipo de Bossio para esos recursos. De hecho, no llegó a la Corte demanda alguna por la supuesta inconstitucionalidad del manejo de esos fondos.