Juez amplía indagatorias por video en el caso Báez

El juez federal Sebastián Casanello citó a Federico Elaskar y Leonardo Fariña para que amplíen sus declaraciones indagatorias en la causa donde investiga presunto lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez y su hijo Martín.

La Corte Suprema informó ayer que Casanello convocó a declarar el 7 de abril a Elaskar y para el día siguiente a Fariña, ambos a las 10. Además, el magistrado decretó el secreto de sumario en la causa "dada la gran cantidad de partes con acceso al expediente" y "a los efectos de resguardar el éxito de las medidas de prueba" que dispondrá en lo inmediato y cuya publicidad "podría afectar seriamente su desenlace".

En su resolución, el juez dejó constancia de que ya cuenta con los informes solicitados a entidades bancarias, organismos oficiales y compañías telefónicas, e hizo lugar al pedido de la defensa de Sebastián y Daniel Pérez Gadín para incorporar a la causa una copia del material difundido por televisión.

La tensión en Santa Cruz por el caso Báez ayer tuvo otro salto. A través de medios locales Báez aseguró que en 2003 Austral Construcciones le compró su vivienda personal a la gobernadora Alicia Kirchner, desmintiendo así a la gobernadora, que había afirmado que su familia y el empresario "jamás" fueron socios.

Báez, a quien el Gobierno nacional le canceló ahora 29 contratos con Vialidad, había afirmado que Austral Construcciones fue la compradora de la vivienda familiar de la gobernadora en 2003.

Casanello ya había citado a declaración indagatoria a Lázaro Báez para el 26 de abril, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", que funcionaba en un departamento de Puerto Madero, luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad registradas hacia finales de 2012 en las que se veía, entre otros, a su hijo Martín contando y apilando millonarias sumas de dinero. Ordenó también llamar a indagatoria al director de distintas empresas de Báez relacionadas con la aeronáutica, Walter Adriano Zanzot, y a Gustavo Fernández, el reemplazante del procesado Federico Elaskar al frente de la financiera SGI. En todos los casos el magistrado dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salir del país. "De los videos se desprende la participación" en las maniobras de Fernández y Zanzot, dice la resolución firmada por Casanello que ayer publicó la agencia Télam.

"A la fecha de los videos, César Gustavo Fernández revestía el cargo de presidente de la sociedad. Zanzot, a su vez, es presidente de la empresa de servicios aéreos atribuida a Lázaro Báez, Top Air SA, firma propietaria de la aeronave matrícula LV-ZSZ, sindicada desde el inicio mismo de las actuaciones como uno de los posibles vehículos utilizados para el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo".