La pobreza tarifaria

Edición Impresa

Hace cinco años, un grupo de economistas y profesores universitarios empezamos a indagar la necesidad y los contenidos de los mecanismos de tarifa social, entendida de modo amplio como el conjunto de mecanismos que pueden evitar o suavizar el impacto de aumentos tarifarios sobre grupos vulnerables de la sociedad. La iniciativa terminó en un libro con varias enseñanzas, pero lamentablemente nunca fueron escuchadas por el Gobierno, que durante todos estos años demostró bastante arrogancia y autoconfianza. De hecho, el Gobierno no se cruzó de brazos en 2008, cuando empezó a buscar una salida de los subsidios por la vía de aumentos asociados a bloques de consumo. Ni mucho menos se está quedando quieto ahora, con una ofensiva abierta para volver sobre el mismo asunto. En 2008, lamentablemente, en vez de prestar atención sobre mecanismos tarifarios estudiados afuera y localmente, el Gobierno prefirió hacer las cosas «manu militari» y terminó cometiendo errores que le hicieron descubrir por la fuerza de la oposición de la gente y de la acción judicial, lo que se le hubiera podido explicar, preventivamente, en pocos minutos. Todo esta crítica, está dicha, sin embargo, reconociendo que hablar de correcciones tarifarias (o la reducción de subsidios, en la jerga que le gusta usar al Gobierno) es mucho más fácil hacerla en el pizarrón o en Excel que en la realidad política de una sociedad como la argentina.

Una de las enseñanzas de la revisión de la experiencia internacional que se hizo durante los estudios mencionados arriba es que no hay una fórmula única para implementar subsidios o eliminarlos. Una de estas dificultades proviene de lo que se conoce como la definición del «grupo meta u objetivo» al que se quiere proteger de los aumentos. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, se estaba implementando una definición de «pobre tarifario» (en realidad era pobre «energético» porque se trataba de precios de energía) que decía que si el costo de lo que uno pagaba era superior al 10% de su ingreso entonces uno entraba en esa categoría. Esta definición, que uno podría decir era demasiado laxa o particular como para exportarla a otros contextos, terminó siendo un problema en el mismo Reino Unido. En primer lugar se descubrió que familias con una configuración particular de tamaño o equipamiento podían estar fácilmente superando este umbral. La evidencia se hizo más notable este año cuando se supo que la «familia real» (es decir, la Reina) podía estar cayendo en esta definición por el uso intensivo de la electricidad que demandaban los palacios. En segundo lugar, y esto queda muy bien graficado por el ejemplo anterior, podía ocurrir que alguien sumamente rico gastara más del 10% de su ingresos en las cuentas de energía y de todos modos seguir siendo muy rico. Con lo cual la definición se desvanecía rápidamente como idónea o adecuada para definir quién debía recibir subsidios y quién no. Esto llevó a su vez a una revisión de los esquemas, muy en el estilo de una democracia abierta, a través de un pedido de un informe a un profesor de Ciencias Sociales de la LSE (London School of Economics and Political Science) que ahora está siendo debatido por la sociedad.

En la Argentina estamos lejos de semejante parsimonia institucional. Todo se termina haciendo rápido y muy «manu militari». Hasta que los errores afloran y aparecen las oposiciones o revueltas. Lo que estamos viendo ahora no merece una crítica acérrima porque es un intento «a la Argentina» de hacer las cosas (lo que sirve es lo que funcione, como en la película de Woody Allen). Además, es muy temprano para elucubrar críticas destructivas, porque no terminamos de conocer o de entender cuáles van a ser bien los mecanismos y procedimientos.

Aun así, podemos darnos cuenta, haciendo un paralelismo con los episodios de 2008/09, de que el Gobierno tiene que darse cuenta -valga la redundancia- de que no puede evadir el problema de la definición «grupo meta u objetivo» y que hacer las cosas de modo no explícito -a través de una supuesta declaración jurada que se parece más a un ejercicio de «autofocalización» que a lo que debiera hacer una política pública consistente- puede llevarnos a más de un problema. Permítaseme, modestamente, mencionar un caso nada trivial. Pensando ahora como macroeconomista, una cuenta relevante para evaluar el impacto y consecuencias de los aumentos tarifarios de electricidad, gas y agua es el impacto de bolsillo que esto va a tener en los trabajadores formales sindicalizados de la Argentina, que son uno de los actores que pueden dar lugar a una espiral salario-precio. Este grupo está compuesto por personas con ingresos familiares que (en promedio) no los habilitan para reclamar un subsidio por razones de vulnerabilidad económico-social. Sus miembros tienen trabajos estables y bien remunerados, y que (gracias al modelo, agregaría el Gobierno) han podido ver evolucionar hacia arriba sus salarios reales. Tanto es así que una parte significativa de este importante grupo social paga Impuestos a las Ganancias y de hecho han estado presionando en años recientes para que el mínimo no imponible sea ajustado para que dicho impuesto no los alcance. Supongamos un hogar que percibe ingresos de un trabajador formal sindicalizado y con un nivel de ingresos mensuales de 6.000 pesos. Este hogar, en los términos (oscuros para mí todavía) que el Gobierno dice que va a manejar las excepciones a los subsidios no podría pedir una excepción. Mis estimaciones preliminares indican que con los ajustes de tarifas que se están anunciando es muy factible que el impacto de bolsillo de los aumentos de electricidad, gas y agua de un grupo familiar de esta naturaleza esté cercano al 10% del sueldo de bolsillo. En la jerga de la (vieja) definición usada en Gran Bretaña este grupo familiar pasaría a ser «pobre tarifario». En la Argentina, en cambio, se va a producir un lío macroeconómico, excepto que -como hemos dicho más de una vez- los aumentos sean muy pausados en el tiempo.

Dejá tu comentario