Al menos siete militares están bajo investigación de la Justicia civil, tres de ellos acusados de asesinato, por la muerte de 22 personas en un supuesto enfrentamiento en Tlatlaya, en el centro del país. Cada vez hay más sospechas de que se trató de una matanza perpetrada por soldados y los resultados que arrojen las investigaciones se consideran una prueba al compromiso del Gobierno de Enrique Peña Nieto con el respeto a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, en el sureño estado de Guerrero, todos los policías de la localidad de Iguala fueron desarmados por las autoridades y 22 quedaron detenidos por un ataque a balazos contra estudiantes de una escuela rural para maestros que dejó varios muertos y 43 desaparecidos (ver nota aparte).
"El asesinato de los estudiantes, la privación arbitraria de la libertad, la situación de personas heridas y de personas desaparecidas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no deben permanecer en la impunidad", reclamó la organización Amnistía Internacional (AI). "Tenemos que poder, ojalá, también producir los cambios institucionales, los cursos y protocolos que nos permitan reaccionar ante nuevos hechos que puedan surgir o hechos que ya sucedieron y que se quedaron archivados", dijo el representante en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández.
Aunque las autoridades afirman que el número de denuncias contra militares bajaron, los testimonios sobre excesos abundan. Y también hay muchas víctimas que guardan silencio.
Pero, al mismo tiempo, la detención de militares por las muertes de Tlatlaya ha empezado a generar en redes sociales un movimiento en su defensa -cuya magnitud es difícil de estimar-, que incluye la convocatoria a una marcha el 11 de octubre para apoyarlos. Miles de militares y marinos tuvieron que asumir en los últimos años el combate a violentas organizaciones criminales, ante la ineficiencia, falta de preparación o complicidad de la Policía.
Y mientras unos los defienden, frente a instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México es frecuente ver a familiares de personas muertas o desaparecidas -a veces en retenes policiales o militares- buscando justicia o una respuesta para su dolor.
| Agencia DPA |
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