Otra jornada de paros, en medio de estupor por ataque a maestra

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“Es un relato objetivo y creíble”, dijo el procurador Julio Conte Grand respecto de la denuncia; sospechan a priori de “un tema interno barrial”.

Un combo de paros docentes nacionales y provinciales -incluidas Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires- volvió a golpear ayer a la educación pública, en medio del impacto generado por el ataque sufrido el miércoles por una maestra en el partido bonaerense de Moreno, que es investigado por la Justicia.

La estocada sindical incluyó una huelga a nivel país de Ctera y Sadop -con una fuerte movilización al Congreso- y de Uda, además del segundo día de la protesta del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y, en la arena porteña, de Ute y Ademys.

Los sindicatos nacionales exigieron un mayor presupuesto educativo y el retorno de la hoy eliminada paritaria nacional, y repudiaron la agresión a Corina De Bonis, bajo la consigna de "no tenemos miedo".

Los gremios locales, en tanto, le sumaron el rechazo a los aumentos otorgados por María Eugenia Vidal -quien en breve reabrirá la paritaria con los estatales- y Horacio Rodríguez Larreta, en medio de pretensiones redobladas por la escalada de la inflación. Además, en un intento por acorralar a los gremios, avanzaría en la declaración de la educación como servicio esencial.

La jornada se vio sin embargo marcada por el ataque sufrido en la tarde del miércoles en Moreno por De Bonis, quien denunció que fue secuestrada por tres hombres, que le pusieron una bolsa en la cabeza, la ingresaron a un vehículo y le escribieron en el abdomen -con un elemento punzante- "Olla no", para luego amenazarla y liberarla.

La maestra -de 47 años, quien hoy recibe apoyo psicológico y está con custodia- participa del armado de ollas populares para contener a unos 250 alumnos que no asisten a las escuelas por la suspensión de las clases en el partido. Una realidad imperante tras la explosión a principios de agosto en un colegio por una pérdida de gas, que provocó la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez y que derivó en el cierre de decenas de establecimientos para corregir deficiencias de infraestructura.

"Les pido que tengan paciencia, no puedo dar detalles porque se está investigando", dijo De Bonis.

A priori, en círculos políticos locales ayer se barajaba, de manera extraoficial , la hipótesis de "un tema interno barrial".

Por de pronto, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, aseguró que el relato de De Bonis "es objetivo y creíble" y que se trabaja en la determinación del móvil del incidente. "La descripción de los hechos que hace la señora en las denuncias, a juicio de los investigadores y los integrantes de la unidad fiscal, aparecen en principio como objetivos y creíbles", afirmó.

La mirada está puesta ahora en el trabajo de la Justicia. "Arrancamos la tarea de verificación probatoria, con el relevamiento de cámaras en zona, con rastreos que puedan llevarnos efectivamente a la confirmación de los hechos y la determinación del móvil", precisó Conte Grand.

Por su parte, el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, dialogó en la mañana de ayer con De Bonis. "Está en un estado de shock muy fuerte...", aseguró, y remarcó que "todavía "no hay ninguna hipótesis".

"Inmediatamente se adoptaron las medidas para que pudiera ser contenida desde el punto de vista psicológico, emocional y afectivo, y se implementaron todas las medidas necesarias para que sea resguardada físicamente y determinar el grado de las lesiones", destacó, por su parte, Conte Grand. Según la directora del Centro Complementario 801 en el que trabaja la maestra, Leila Méndez, los docentes recibieron al menos tres amenazas. "En la última nos dijeron que la próxima olla la van a tener que hacer en Güemes y Roldán, que es el lugar en donde está el cementerio municipal", dijo. Ayer hubo una movilización al Consejo Escolar de Moreno en reclamo de justicia. En la noche del miércoles, el titular de Suteba, Roberto Baradel, había apuntado contra las autoridades bonaerenses. "Es un hecho gravísimo en democracia y las autoridades deben resolverlo; el Gobierno de María Eugenia Vidal tiene la responsabilidad institucional de cuidar a los chicos y a los docentes y los hacemos responsables de su seguridad", disparó.

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