Ratifica España reforma para lograr déficit cero

La ministra de Finanzas de España, Elena Salgado, asistió a la sesión del Senado en la que se ratificó la reforma de la Constitución.

Madrid - La reforma de la Constitución española con la que se pretende garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas fue aprobada definitivamente tras ser avalada ayer por el Senado, después de que lo hiciera el Congreso hace una semana.

La modificación del artículo 135 de la carta magna fue respaldada por la Cámara alta tras rechazarse las enmiendas que las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas habían presentado. Recibió el voto favorable de 233 senadores de los 236 presentes. Tres senadores votaron en contra y otros abandonaron el recinto antes de la votación en señal de protesta.

La reforma obliga a España a mantener su déficit estructural dentro de los límites establecidos por la Unión Europea, pese a que permite excepciones en caso de desastres naturales, una recesión o emergencias.

El martes, miles de personas protestaron pacíficamente contra la reforma constitucional, la que dijeron había sido acelerada sin las suficientes consultas públicas y que además amenaza los programas sociales.

Los sindicatos y algunos partidos menores españoles exigieron un referendo sobre lo que será el segundo cambio a la carta magna desde que España se convirtió en una democracia en 1978.

Votaron a favor los dos partidos mayoritarios, el gubernamental PSOE y el conservador Partido Popular, las dos formaciones que han pactado esta reforma de urgencia de la Constitución.

Plazo

Una vez que el Senado culminó la tramitación parlamentaria de la reforma de la Constitución, los diputados y senadores tendrán de plazo hasta el próximo 22 de septiembre para pedir un referendo, que sólo se convocaría si así lo solicitasen 35 miembros del Congreso o 26 del Senado, es decir, una décima parte de cada cámara.

La reforma constitucional para introducir un límite al gasto de las administraciones públicas es el primer cambio a la carta magna que fue redactada en 1978 en España con el consenso de los principales partidos y en plena transición democrática después de la dictadura franquista si se exceptúa el realizado en 1992 para adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht.

Precisamente, una de las principales críticas de sus detractores es la rapidez con que se ha tramitado esta reforma, que el pasado día 22 fue propuesta por sorpresa por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, e inmediatamente aceptada por el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

El PSOE y el PP aceleraron todo el proceso para concluir la reforma antes de que se disuelvan las Cortes a finales de septiembre -debido a las elecciones generales del 20 de noviembre- frente a la oposición frontal de los grandes sindicatos españoles y otras organizaciones de izquierda.

Con el cambio se establece en la Constitución la exigencia de alcanzar un déficit público cercano a 0 en el año 2020, aunque en la carta magna no se incluye una cifra concreta y los detalles se dejan para una ley orgánica posterior.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considera que la reforma transmite un mensaje positivo hacia los mercados.

Agencias EFE y Reuters