Suba de tarifas será para bajar subsidios

• SI SE DECIDEN AUMENTOS, NO MEJORARÁN INGRESOS DE EMPRESAS

Julio De Vido

Las empresas del sector de electricidad y gas tienen pocas expectativas de que sus ingresos mejoren por un ajuste en las tarifas de los consumidores. La impresión es que el Gobierno buscará primero atenuar el impacto de los subsidios en el gasto público, con lo cual todas las compañías privadas seguirían percibiendo lo mismo, aunque la tarifa tenga un aumento. El único que obtendría un alivio monetario sería el Estado.

En las compañías tampoco tienen anticipos sobre el nuevo gabinete. Está la certeza de que la política oficial será la misma, aunque Julio De Vido abandone Planificación (¿jefe de Gabinete?), y se cree un Ministerio de Energía a cargo de Roberto Baratta.

Este funcionario, que secunda a De Vido, es ya de hecho el que sigue de cerca la situación de las empresas privatizadas y el que se ocupa de presionarlas en caso de problemas con el servicio. El ministro, en cambio, guarda un rol más componedor que engloba también a empresarios y sindicatos de varias actividades.

Están también los que creen que todo seguirá como hasta ahora en Planificación (puntualmente energía), y que Cristina no removerá a Daniel Cameron como secretario del área, aun cuando las decisiones más significativas del sector pasen por el tándem De Vido-Baratta. De todos modos, se descuenta que ahora no es el momento de definiciones, porque a partir de hoy la Presidente se recluye en Santa Cruz para conmemorar la muerte de Néstor Kirchner y después viaja a Francia para participar de la cumbre del G-20. Esto implica que hasta dentro de dos semanas, Cristina no estaría pensando en lo relacionado con el nuevo mandato, y que después puede volver al hermetismo hasta principios de diciembre.

Entretanto, todo quedaría «stand by». Sin embargo, los representantes empresarios piensan que en cuanto a aumento de tarifas el Gobierno tiene la prioridad de bajar el nivel de subsidios que hoy paga el Estado por la energía. Porque hasta ahora el costo de importar gas para cubrir la demanda y combustibles líquidos para las centrales térmicas en el invierno lo paga la administración pública. Ni las grandes empresas industriales ni los consumidores residenciales de altos ingresos pagan el precio del gas importado o de generar electricidad con líquidos. Según el cálculo de ASAP, la asociación que estudia la evolución del Presupuesto, entre enero y septiembre, el Estado gastó $ 31,256 en energía.

El mismo De Vido anticipó antes de la elección que la política será continuar con la eliminación gradual de los subsidios en las tarifas, con precios diferenciales según el nivel de consumo. Esto es lo que desalienta la posibilidad de otros ajustes, aunque tampoco se descarta que haya un aumento en el precio del gas en boca de pozo que perciben las petroleras.

El panorama decepciona sobre todo a las distribuidoras de electricidad y gas, que son las que envían las facturas a los usuarios, porque el público relaciona las subas con el que cobra, aunque la situación de éste no haya mejorado.

Las distribuidoras y transportistas de gas, con la excepción de Gas Natural Fenosa (Gas BAN), no tienen aumentos desde 2001. Las de electricidad tuvieron un incremento en 2006, pero después hubo sólo promesas, y tampoco se cumplió la cláusula de ajuste semestral por mayores costos que contemplan las actas de renegociación firmadas ese año.