En un clima de fuerte tensión, trabajadores del Astillero Río Santiago afiliados a ATE activaron ayer una "toma pacífica" de la planta -ubicada en la localidad bonaerense de Ensenada- en reclamo de "insumos básicos para retomar la actividad productiva" y, en los hechos, mantenían de virtuales "rehenes" al interventor, Daniel Capdevila, y a cinco empleados.
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Se trata de una nueva escalada en el conflicto entre la conducción de ATE-Ensenada y la administración de María Eugenia Vidal, que derivó el pasado 21 de agosto en graves incidentes con la Policía durante una concentración frente a la Casa de Gobierno.
"Creen que el disturbio es una medida de protesta; no venían sólo a pedir diálogo", disparó en aquella oportunidad el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en medio de sospechas de un intento de blindaje político al gremio por parte del ultrakirchnerismo.
Los cortocircuitos se potenciaron luego de la presentación en julio pasado por parte de Capdevila de una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, agravada por ser en perjuicio de la administración pública.
En el oficialismo apuntan a actos administrativos supuestamente irregulares de desvío de fondos en favor de ATE-Ensenada, y a contrataciones "injustificadamente onerosas y gravosas" en perjuicio del Astillero, durante el período que tuvo en la gobernación a Daniel Scioli.
"Sólo se les está pidiendo a los 3.500 empleados que vayan a trabajar; van 1.200, y no se echó a nadie", aseguraron ayer desde el entorno de Vidal a Ámbito Financiero.
Por de pronto, ayer delegados de ATE aseguraron que resolvieron en una asamblea "quedarse en la fábrica hasta que nos garanticen poder seguir trabajando".
"No sale nadie hasta entonces, ni siquiera los gerentes y el presidente; por eso se convoca a los familiares y vecinos a la puerta de la fábrica", arengaron, aunque luego buscaron bajarle el tono al asegurar que "se pueden retirar cuando quieran".
Al lugar arribó la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, junto al intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco (a quien desde despachos provinciales apuntaron por los incidentes de agosto). "Es área de Prefectura", aclararon desde filas gubernamentales.
La medida de fuerza arrancó -afirman- luego de que el interventor regresara a la planta, tras diez días de ausencia.
Según el secretario general de ATE-Ensenada, Francisco Banegas, frente al reclamo del sindicato Capdevila "pidió más tiempo para resolver temas vinculados a la provisión de materiales, que tienen paralizada la producción", en referencia a, entre otros ejes, la provisión de oxígeno y gas.
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