La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Tucumán, prevista para febrero, llevará a que desde la próxima semana se inicie un período de transición en donde la Justicia de la provincia gobernada por el peronista Juan Manzur deberá agilizar los tiempos para dar por concluidos expedientes que se mantienen demorados.
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El Ministerio Público Fiscal será el organismo encargado de hacer un inventario con los expedientes, en donde se calcula unos 100.000 ingresos al año, con menos del 1% con fallo definitivo.
Para llegar a febrero de 2019 con el menor lastre posible, se espera, según señaló el medio local La Gaceta, que el mayor volumen de expedientes esa archivado, o concluido por medio de probations, juicios abreviados o juicios orales unipersonales (celebrados por un solo juez).
Los casos más graves o que involucran a funcionarios del Estado quedarán fuera de este modo exprés y seguirán el proceso de la forma habitual.
El nuevo Código Procesal Penal tucumano fue aprobado por la Legislatura provincial hace dos años, y busca darle mayor celeridad a los procesos. Con la incorporación de la oralidad desde la etapa de la investigación, debía entrar en vigencia el año pasado pero ya tuvo dos prórrogas. Sin embargo,la Legislatura fijó febrero como plazo final.
Por eso, se fijó un esquema transitorio que deberá trabajar contrarreloj a partir de septiembre. Según este esquema, los fiscales "podrán acordar en todas las causas en trámite el procedimiento del juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba ('probation')" . Se agrega que "todos los casos que estén en la fila del juicio oral y en los cuales aún no haya comenzado el debate serán juzgados por un solo magistrado siempre que impliquen una pena de prisión de hasta 10 años".
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