¿Y si los kelpers pagan una indemnización por ocupar las Malvinas?

Margaret Thatcher

Para los ingleses, las islas Malvinas, que no forman parte de sus objetivos prioritarios en materia de política internacional, representan un dolor de cabeza permanente, algo aliviado ahora por la autonomía económica que han conseguido los isleños explotando la pesca y con la esperanza de encontrar algún nicho potencial de hidrocarburos.

El propio Juan Perón en 1973 había comisionado al canciller Hipólito Paz para avanzar en la discusión sobre una propuesta británica atractiva para la Argentina con palabras del entonces presidente que no dejaban lugar a dudas, "parece que los ingleses quieren devolver las Malvinas".

La Argentina nunca presentó un frente común para avanzar en la solución del "caso Malvinas". El último episodio que estremeció a un Gobierno ineficiente en materia de política exterior ocurrió cuando se firmó el Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, cuyo anexo II lleva por título "Asociación de los países y territorios de ultramar", donde reconoce a las Malvinas como parte del Reino Unido de Gran Bretaña. La Cancillería argentina dormía.

Nuestro país cuenta con derechos innegables sobre el territorio, pero no puede ejercer actos soberanos sobre las islas más allá de los testimoniales. La guerra, por otra parte, desarmó la convivencia pacífica entre los isleños y el territorio que jugaba claramente a favor de los intereses argentinos. Un vuelo semanal con las islas, una filial de la empresa petrolera YPF, jóvenes isleños que estudiaban en establecimientos argentinos, atención en hospitales locales, etcétera.

Ha llegado el momento de pensar en otras opciones, cuanto menos colocarlas en el marco de las discusiones políticas: territorio propio, ocupado ilegalmente. Una primera reflexión: recurrir a instancias jurídicas internacionales para sostener el criterio de "ocupación ilegal". No menos importante, instruir a todo el sistema diplomático del país para reclamar ante el Reino Unido de Gran Bretaña una indemnización anual debido al avasallamiento del territorio isleño, pero con dirección a la administración actual de las islas.

El principio de convivencia pacífica, que en la diplomacia argentina se ha esgrimido no pocas veces y goza de cierto interés en la comunidad internacional, debe guiar las acciones de reclamo desalojando del escenario las inconducentes presiones políticas. Los isleños, que no pueden mostrar documentos de posesión territorial alguno, tampoco deben quedar fuera de la mesa de discusión. La picardía del referendo reciente muestra a las claras las preocupaciones que los animan. No pueden confiar en Gran Bretaña, que todavía sostiene algún sistema de defensa de alto presupuesto, tampoco en la Argentina, después de los hechos ocurridos. La autodeterminación es un arma de doble filo que incluso la Argentina ha apoyado en otras circunstancias, pero es discutible en el caso de la población nativa de las islas. El reclamo argentino en los organismos internacionales debe contener un capítulo económico de indemnización anual, pero también encontrar en algún punto la participación de los isleños como adjuntos de la parte inglesa, sin voto en las discusiones.

Murió Margaret Thatcher, la mujer que derrotó a la dictadura militar argentina en el conflicto bélico desatado por la posesión territorial de las islas Malvinas. Cayó Galtieri y se abrió la democracia en nuestro país. No se trata de buscar alguna inferencia al respecto, pero los hechos cuentan.

El capítulo dramático de la guerra todavía esconde episodios sin analizar. Por caso la irresponsable decisión de los militares argentinos acompañada por la mayoría de la dirigencia política y sindical del país, con notables excepciones. El acuerdo de la junta militar argentina con Fidel Castro y el silencio cómplice de la izquierda local, todo empujado por el carácter supuestamente "antiimperialista" del conflicto.

Thatcher, a su vez sostenida por todo el bloque europeo, pero desconfiando del presidente de Francia, François Mitterrand, y del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a quienes reclamaba mayor participación para frenar a una dictadura que conspiraba contra el orden internacional y violaba los derechos humanos. ("Thatcher, Memorias de Downing Street", Editorial Sudamericana, 1993.)

Ni la guerra ni la paz armada posterior han mejorado la controversia entre la Argentina -titular innegable de los derechos sobre las islas como lo prueban numerosos documentos históricos que ningún Gobierno se ha preocupado por divulgar seriamente- y el Reino Unido.