El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, lanzó una dura advertencia contra las subvenciones públicas a los combustibles fósiles y reclamó a los gobiernos acelerar la eliminación de los incentivos económicos que contribuyen al deterioro ambiental. "Subvencionar los combustibles fósiles equivale a subvencionar el suicidio", afirmó este viernes durante una cumbre de líderes celebrada en Ereván, Armenia.
Llamativa declaración de la ONU: "Subsidiar los combustibles fósiles equivale a subvencionar el suicidio"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió sobre el impacto de los hidrocarburos en el cambio climático y la biodiversidad. A días del inicio de la COP17 en Armenia, reclamó acelerar la eliminación de incentivos perjudiciales para el medio ambiente, estimados en billones de dólares anuales.
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El compromiso internacional adoptado en 2022 establece que los países deberán identificar estos mecanismos y avanzar en su reducción progresiva hasta 2030.
Las declaraciones se produjeron a pocos días del comienzo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP17), prevista para el lunes 19 de octubre. Durante el encuentro, los países deberán revisar los avances en sus compromisos para reducir las actividades económicas que afectan a la naturaleza, entre ellas aquellas vinculadas con los hidrocarburos.
El debate tiene una dimensión financiera central. En 2022, cerca de 200 países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que contempla reducir en al menos u$s500.000 millones anuales los incentivos perjudiciales para la biodiversidad antes de 2030. Sin embargo, los avances siguen siendo insuficientes y numerosos gobiernos enfrentan dificultades para modificar sus sistemas de subsidios.
La ONU cuestionó el financiamiento de los combustibles fósiles
Durante su intervención, Guterres sostuvo que los hidrocarburos "están haciendo hervir nuestro planeta y constituyen una lacra para la biodiversidad".
El funcionario vinculó el uso de recursos públicos para sostener actividades contaminantes con la dificultad de los países para cumplir sus objetivos de protección ambiental.
"La dura realidad es que estamos gastando nuestro dinero en las causas equivocadas. Por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, se destinan 30 dólares a destruirla", afirmó.
La crítica apunta a los incentivos económicos que, según Naciones Unidas, favorecen actividades con consecuencias negativas para los ecosistemas, en un contexto de compromisos internacionales para reducir las emisiones y preservar la biodiversidad.
Entre las medidas que deberán examinar los gobiernos aparecen los subsidios, beneficios e incentivos que abaratan o favorecen actividades perjudiciales para la naturaleza.
La discusión también involucra el desafío de modificar esas políticas sin desatender las necesidades energéticas y económicas de los países, especialmente en aquellos que dependen de los combustibles fósiles para abastecer su consumo y sostener sus sectores productivos.
Subsidios por billones de dólares y presión de las empresas
El debate sobre el destino de los recursos públicos también llegó al sector privado.
A comienzos de octubre, un grupo de 130 empresas publicó una carta abierta dirigida a los gobiernos para reclamar una reforma de los incentivos financieros que contribuyen al deterioro ambiental.
Según las estimaciones mencionadas por las compañías, estos mecanismos representan alrededor de u$s2,6 billones anuales y continúan destinando importantes recursos a actividades que provocan el agotamiento de los recursos naturales.
Las empresas solicitaron revisar esos esquemas para mejorar la asignación de recursos y reducir los estímulos económicos que favorecen prácticas perjudiciales para la biodiversidad.
La cifra expone la magnitud del debate sobre el financiamiento de actividades productivas y energéticas. No se refiere exclusivamente a los subsidios a los combustibles fósiles, sino a un conjunto más amplio de incentivos vinculados con actividades que afectan al medio ambiente.
El compromiso internacional adoptado en 2022 establece que los países deberán identificar estos mecanismos y avanzar en su reducción progresiva hasta 2030.
Qué se discutirá en la COP17 de Armenia
La COP17 se celebrará en Armenia desde el 19 de octubre hasta finales de mes, con el objetivo de evaluar los avances de los países en el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
El acuerdo fue aprobado durante la COP15 e incluye 23 metas destinadas a detener y revertir la pérdida de biodiversidad.
Por su alcance, el marco es considerado uno de los principales acuerdos ambientales internacionales, comparable con el Acuerdo de París en materia de cambio climático.
Entre sus compromisos figura la reforma de los incentivos económicos que perjudican a la biodiversidad, mediante una reducción de al menos u$s500.000 millones anuales para 2030.
Sin embargo, Naciones Unidas reconoce que los países acumulan retrasos en buena parte de los objetivos establecidos.
Por eso, uno de los ejes del encuentro será analizar los obstáculos que impiden cumplir las metas y estudiar medidas para acelerar su implementación.
Irán denunció daños ambientales por la guerra en Medio Oriente
La cumbre de Ereván también estuvo atravesada por las consecuencias ambientales del conflicto en Medio Oriente.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció que las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en la región constituyen un "ecocidio" o un "genocidio ambiental".
Según el mandatario iraní, los efectos ambientales de la guerra exceden los territorios donde se desarrollan las operaciones militares.
"No se trata simplemente de un problema nacional", sostuvo Pezeshkian, al advertir que "la naturaleza no conoce fronteras políticas y la contaminación del agua, el suelo y el aire no se detiene en las fronteras".
En ese sentido, reclamó respuestas internacionales para abordar los impactos ambientales asociados con el conflicto.
Las intervenciones de Guterres y Pezeshkian incorporaron dos cuestiones a la agenda previa a la COP17: la necesidad de revisar el financiamiento de actividades perjudiciales para los ecosistemas y las consecuencias ambientales de los conflictos armados.
A partir del lunes, las delegaciones participantes deberán evaluar los avances en los compromisos asumidos en 2022 y analizar nuevas medidas para cumplir las metas internacionales previstas para 2030.



