Ajuste fiscal: Economía aclaró un requisito clave para la financiación de obra pública

El Ministerio de Economía estableció un marco de revisión y ajuste de proyectos de infraestructura en curso, transfiriendo la responsabilidad financiera a provincias y municipios cuando sea viable, con el fin de optimizar el gasto público en medio de la crisis económica actual.

Esta medida también podría generar fricciones y ralentizar el desarrollo de ciertas regiones del país.

En el marco de la emergencia económica dictada el 21 de diciembre pasado, el Gobierno definió que las provincias deberán cumplir una serie de convenios para acceder a los fondos que dependan del Estado Nacional. El objetivo es "lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado".

Tal como informó Ámbito a fines de septiembre, el Gobierno dispuso que las provincias deberán cumplir con 7 convenios firmados y en caso de mediar incumplimiento, se deberá adoptar medidas para procurar la corrección de dicha irregularidad con la posibilidad de que se puedan recuperar los fondos.

Ahora, por medio de la Resolución 80/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial, aclaró los criterios para determinar el futuro de los proyectos de infraestructura que se encontraban en ejecución al momento de su publicación. En concreto, se busca establecer un parámetro claro para evaluar el "grado de avance" de una obra, con el fin de decidir si se continúa o no con su financiamiento.

Puntos clave de la norma

• Revisión de programas: la resolución hace referencia a una serie de programas de infraestructura creados en años anteriores, enfocados en áreas como educación, salud, transporte y desarrollo comunitario.
• Criterio de evaluación: el principal criterio establecido es la existencia de un Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Si este documento fue suscripto antes de la fecha de publicación de la resolución, se considerará que la obra tiene un avance significativo y su continuidad será evaluada con mayor detenimiento.

Si los entes locales no pueden o no quieren asumir el financiamiento, se procederá a una evaluación estricta sobre si el proyecto debe continuar, indica el texto oficial. Esta evaluación se basará en:

• Grado de avance de la obra.
• Interés público comprometido, es decir, la importancia de la obra para la comunidad.
• Costos de continuar la ejecución, ponderando si es viable o justificado desde una perspectiva financiera.

La medida se fundamenta en la necesidad de optimizar el gasto público y asegurar que los recursos se destinen a proyectos estratégicos y con un alto grado de avance.

La medida se fundamenta en la necesidad de optimizar el gasto público y asegurar que los recursos se destinen a proyectos estratégicos y con un alto grado de avance.

Implicancias de la normativa

• Ralentización de obras: la resolución podría generar una ralentización en la ejecución de numerosos proyectos de infraestructura, especialmente aquellos que se encuentran en etapas iniciales. Y es que los fondos destinados a los programas afectados podrían ser reorientados hacia otras prioridades del gobierno. Esto podría tener un impacto regional, ya que las provincias que dependían de estos programas para el desarrollo de sus infraestructuras podrían verse afectados.

Por último, el texto oficial recuerda que la medida representa un cambio de rumbo en la política de infraestructura. Al establecer un criterio más riguroso para la continuidad de los proyectos, "se busca garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos". Sin embargo, esta medida también podría generar fricciones y ralentizar el desarrollo de ciertas regiones del país.