El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
¿Tomó una comisaría? ¿Extorsionó un casino? ¿Capitalizó su editorial con narcodólares? ¿Alabó a la dictadura militar? ¿Fue corrupto en un cargo público que jamás tuvo? ¿Defecó en el atrio de una iglesia? ¿Se apropió ilegalmente de hijos de desaparecidos? No, nada de eso. Captura y eventual prisión para Héctor Ricardo García fundamentalmente por una deuda de IVA, tasa que como aliciente al aporte social de la prensa -un negocio más por vocación que dinero- se le daba por exento hasta que la eliminó aquel Domingo Cavallo.
Cometió la tropelía de aplicarles el IVA por rencor hacia los medios y como si lo que recaudara de tan pocos hubiera salvado a ese ministro de encarrilar al país al default.
No es cuestión de aplaudir o justificar el no pagar impuestos, pero países serios y conscientes del mundo -sobre todo en democracias asentadas como para no temerle a la opinión de la prensa, Francia en primer lugar- se preocupan de facilitar, no de entorpecer, la aparición y el sostenimiento de medios de difusión con fondos públicos. Fondos que hoy aquí y ahora se emplean para subsidiar ferrocarriles innecesarios, empresas aéreas que no vuelan o abultar con contratados burocracias estatales que no trabajan. ¿Para qué esa mayor ineptitud desde el Estado en lugar de facilitar que exista una prensa consolidada para que pueda ser realmente independiente?
Claro, en democracias a medias no interesa una prensa económicamente independiente que no sea sobornable. Entonces, además de no ayudarla, hay que succionarle sus magros ingresos, ignorando que cumplen un servicio público esencial. Hoy está exento de cualquier retención el cordero patagónico, pero no los diarios.
Héctor Ricardo García, su yerno y amigos, directivos ellos de «Crónica», son perseguidos y ya algunos encarcelados por adeudar 4 millones y medio de dólares. Pero aun cuando el juez penal económico Jorge Brugo y algún fiscal actuante «se atengan», pero en realidad se escuden en la ley, no seamos hipócritas como para desconocer que la Justicia hoy aquí en la Argentina se vuelve severa sólo con los que tenían poder antes y lo perdieron y con los que no protege el poder de ahora. ¿O hay algún Brugo, algún fiscal que vaya, como hacen con editores y periodistas, a indagar el pago de impuestos y las «ganancias» de algún sindicalista, ahora que han trenzado con el gobierno para buscar desactivar a los piqueteros?
Un periodista desde las viejas Leica en fotos de prensa, no heredero de nada, que arrancó su diario de joven sólo con la ayuda financiera de su madre y de los distribuidores de diarios -en definitiva, periodista de raza en esta profesión-, debe 4 millones y medio de dólares y cae en el escarnio desde la AFIP, desde un juez y desde un fiscal. Pero ninguno de éstos se atrevería a indagar por qué «Clarín» recibió delincuencialmente mucho más, un «donativo» de 75 millones de dólares disimulado burdamente como «compra» por parte del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando lo encabezaba el cavallista Ricardo Gutiérrez y era gobernador Carlos Ruckauf.
No 4,5 millones como García sino 75 millones de dólares, entendamos bien. Disimulados como «adquisición» de apenas 18% de un sitio de Internet de «Clarín» que en su 100% valdría no más de 3 millones. Y además, para colmo de la burda maniobra, con la «excepción» de que el Banco Provincia jamás había comprado participaciones minoritarias de otras empresas. Eso, además de haber beneficiado al Sr. Héctor Magnetto y a la Sra. Ernestina de Noble primero con una «ley de quiebra» burda, repudiada internacionalmente, y tres meses después sustituida de apuro por otra «ley cultural» con «nombre y apellido» («Clarín») como denunció la política Elisa Carrió. Y ya en la época de Néstor Kirchner que no la vetó.
Dejá tu comentario