Ataque de grupo nacionalista

La semana pasada se conoció, y ayer se presentó formalmente, una larga exposición de durísimas objeciones al propuesto para un sillón en la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni. Firmado por Gustavo Breide Obeid, Enrique Graci Susini, Lucio César Somoza y Francisco Miguel Bosch, dirigentes nacionalistas del partido Popular de la Reconstrucción, fue presentado un escrito dirigido al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, dividido en tres capítulos. El último de los cuales fue completado y comentado durante una tenida realizada en la Asociación de Criadores de Caballos Pura Sangre de Carrera en plena Recoleta, ante 150 comensales, entre quienes se encontraban José María Soaje Pinto, Alberto Gelly Cantilo y Patricio Videla Balaguer, entre otros adherentes de la misma tendencia. En el primer capítulo se afirma que «el conocido pensamiento jurídico del doctor Zaffaroni, en tanto persigue la derogación por vía judicial de las leyes de amnistía, es repugnante a la división de poderes y niega la soberanía del pueblo». Se alude aquí a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas y promulgadas en 1987 y 1988 por el Congreso y el gobierno de Raúl Alfonsín. «Ejercicio por parte del Estado argentino de las facultades de amnistiar determinados casos de hechos punibles», se señaló. Y se agregó: «Decisiones fundamentales con las que se concurre a preservar la convivencia nacional». Después de recordar que Zaffaroni fue juez de la Revolución Argentina (1966/Juan Carlos Onganía) y del Proceso para la Reorganización Nacional (1976/Jorge Rafael Videla/Orlando Ramón Agosti/Eduardo Emilio Massera), se afirma su tendencia a convertirse «en el censor de las decisiones políticas del Estado que es algo esencialmente distinto y cuyo ejercicio comportaría una clara usurpación de funciones y un alzamiento frente a una decisión de los representantes del pueblo (diputados y senadores que sancionaron ambas normas). En el Capítulo II se afirma en su título que «la concepción jurídica del denominado \'garantismo\', a la que adscribe públicamente el doctor Zaffaroni, lo descalifica como juez de última instancia en la aplicación del derecho». Se afirma aquí que el propuesto «evidencia un pensamiento absolutamente incompatible con la necesidad de restablecer la seguridad en el país y la supremacía del Estado en la verificación y sanción de los delitos». Y recuerdan recientes declaraciones suyas en las que afirmó que «la ley existe para preservar al ciudadano de la agresividad del Estado». Dijo además en una conferencia que «El poder punitivo está fuera de la agencia jurídica; el poder punitivo lo ejercen otros. A nosotros no dejan hacer un discurso, hasta ahora legitimador del poder punitivo y nada más». Concluyen que «no puede ser admitido como protector de la propiedad ni de la libertad sexual, ni del orden social, sino como un notorio provocador del delito» a quien ha sostenido que no es delito la usurpación de un domicilio, y que no es violación «la conducta de un sujeto que accedió sexualmente y por conductos no convencionales a una menor de 8 años». Por último en el III capítulo se afirma que «el doctor Zaffaroni se encuentra moral e intelectualmente comprometido con los enunciados de las \'diversidades de género\', por lo que su designación sería un modo de promulgar estos criterios. Como así también «propicia la despenalización del aborto y la legalización del consumo y comercialización de drogas heroicas». En uno de los párrafos se recuerda que una fotografía, aparecida en un diario el 31 de agosto de 1993, lo muestra al entonces estatuyente porteño Zaffaroni, envuelto en una bandera «de la Comunidad Homosexual, festejando» la incorporación al Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires el instituto de la «diversidad del género». Algo que para los firmantes de esta nota dirigida a Béliz «es absolutamente contrario al espíritu de la Constitución Nacional y las leyes de la República».

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