La Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucionales y nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, dos normas sancionadas en 1987 que frenaron los juicios por delitos cometidos en la represión clandestina de las guerrillas hace 30 años. La sentencia demostró la fuerza de la nueva mayoría del tribunal tras las incorporaciones bajo el actual gobierno ya que la Corte había declarado la validez de esas normas en varios fallos que ahora caen. Se trata de un fallo singular porque los jueces le reconocieron atribuciones, en este caso, al Congreso para anular leyes, como lo hizo en setiembre de 2003, cuando declaró a ambas normas «nulas de nulidad absoluta». El giro fue alentado por el gobierno e implica la reapertura de juicios a civiles y militares en retiro y algunos en actividad en un número que hoy es impreciso por la diversa naturaleza de las causas. Se habla de 300 como mínimo y de 3.000 como máximo. Esos juicios que se reabren terminarán de nuevo en la Corte porque el fallo no cierra la vigencia de principios jurídicos como el «non bis in idem» (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa) o la vigencia de la ley más benigna que serán objeto de recursos que pueden prolongar los expedientes por mucho tiempo. La medida fue celebrada por el gobierno, pero causa malestar entre los militares, pese a que el ministro de Defensa intentó desmentirlo.
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Los jueces de la Corte Suprema de Justicia dieron ayer el fallo que más expresa la nueva mayoría nacida bajo el actual gobierno. Dio vuelta la opinión del alto tribunal sobre las polémicas leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
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En un fallo que será considerado histórico, el máximo tribunal declaró inconstitucional a las denominadas
La decisión podría llegar a afectar a un millar de militares retirados y en actividad vinculados a causas por violaciones a los derechos humanos en todo el país, ya que dispara la reapertura de los expedientes que están en primera y segunda instancia.
La noticia fue recibida con «malestar» en las Fuerzas Armadas, lo admitió el ministro de Defensa, José Pampuro, ya que se calcula que la Justicia podría citar entre 400 y 3 mil militares retirados y en actividad, además de muchos civiles.
La resolución de la Corte contiene tres incisos: la inconstitucionalidad de las leyes; la validez de la nulidad dispuesta por el Congreso y la eliminación de una cláusula que se oponía al avance de los procesos que pudieran instruirse en la Justicia o al juzgamiento y eventual condena de los responsables en todo el territorio del país.
