La Corte Suprema de Justicia resolverá en la sesión de acuerdos de hoy las dos causas políticas de mayor resonancia: la anulación de los indultos dictados por Carlos Menem a militares acusados de delitos cometidos durante la represión clandestina de las guerrillas y la aceptación del reclamo del ex gobernador Antonio Bussi contra la decisión de la Cámara de Diputados de impedirle asumir la banca que ganó en las elecciones del año 1999 por «inhabilidad moral».
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Las dos causas llegan a la sesión de hoy con la mayoría de los votos necesarios, pero la jueza Carmen Argibay no había terminado anoche de redactar su fallo en la causa indultos, con lo cual retrasó todo el paquete. Por eso no es seguro que se hagan hoy los anuncios formales; si no fuera así, la Corte tiene previsto reunirse de manera extraordinaria antes del fin de semana para comunicar su decisión.
Con la anulación de los perdones dictados por Menem en 1999, el tribunal cambiará la jurisprudencia de la integración de la Corte anterior a 2003, que los había avalado. Lo hará en un expediente en el que se juzga la conducta del ex general Omar Riveros y será un gesto a favor de la opinión del gobierno de Néstor Kirchner que se atribuye como iniciativa propia el dictado de la ley de nulidad por el Congreso, pese a que fue un proyecto de la ex diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh.
La aceptación de la queja de Bussi, en cambio, contradice todo lo dicho y hecho por el gobierno nacional y también por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, que aconsejó a la Corte rechazar el reclamo. Como esta decisión beneficiará la situación del ex comisario Luis Patti -rehén de la puja entre oficialismo y oposición por el caso Borocotó-, la Corte buscó comunicar ambas decisiones al mismo tiempo para amortiguar las críticas que recibirá el tribunal desde el propio gobierno que designó a la mayoría de los jueces.
La nulidad de los indultos en el caso Riveros sentará el antecedente para voltear todos los perdones incluidos en el Decreto 1.002/1989 por el cual Menem indultó en 1989 a militares procesados en unos treinta expedientes por presuntos homicidios, privaciones ilegales de libertad y otros delitos. Entre ellos están los ex generales Cristino Nicolaides, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere y Albano Harguindeguy.
La sentencia tiene como antecedente otra acordada de la Corte que declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad; fue cuando condenó al ex espía chileno Enrique Arancibia Clavel por el asesinato con bomba del ex general chileno Carlos Prats.
Algunos sectores especulan que la nulidad de estos indultos puede abrir la puerta a que se discutan también los perdones dictados por Menem para ex miembros de agrupaciones terroristas, situación que no ha sido debatida aún en el Congreso.
Apoyo
El fallo a favor de las nulidades tiene el apoyo de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda. Se pronunciará en contra Carlos Fayt y se excusó Enrique Petracchi. Hasta anoche de desconocía el contenido del fallo que trabajosamente demoraba Carmen Argibay, aunque se descuenta que apoyará las nulidades.
En el caso Bussi, el tribunal confirmará una sentencia favorable al ex general dictada por la Cámara Nacional Electoral que juzgó que el Congreso no es juez de los resultados electorales y que no tiene atribuciones para negarle la banca a un candidato legitimado para serlo por las leyes electorales antes de ir a las urnas. Si se admitiese eso, dice la Cámara, se habilitaría que la mayoría parlamentaria proscribiera a las minorías.
Aunque la cuestión es abstracta porque ya venció el mandato para el cual el ex general Bussi había sido elegido (1999-2003), la decisión tiene efectos sobre otras causas similares, por ejemplo, la que inició con el mismo propósito el ex comisario Luis Patti, elegido por la provincia de Buenos Aires y a quien se le impidió asumir la banca en diciembre de 2005.
El reclamo de Patti siguió el mismo camino que el de Bussi: la jueza María Servini de Cubríale rechazó el recurso, pero la Cámara Electoral le dio la razón con los argumentos que hoy usará la Corte en favor de Bussi.
Según este dictamen, la expresión del artículo 64° de la Constitución nacional de que «Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez» no implica que pueda atribuirse el derecho de revisar la voluntad popular expresada en las elecciones. Bussi fue legitimado, según la Cámara de integran Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, como candidato y en ese proceso debieron interponerse -si las había- impugnaciones a sus condiciones para ser legislador. Una vez que fue legitimado como postulante a la banca, nadie puede impedirle asumirla si la ganó con el apoyo de su electorado.
En 1999, la Cámara de Diputados negó ese derecho argumentando que Bussi -acusado aunque no condenado a esa fecha por la comisión de presuntos delitos aberranteshabía actuado como gobernador de facto durante el último turno militar, condición invalidante según una cláusula incluida en la reforma de la Constitución de 1994 para ejercer cargos electivos.
Como Bussi en ese momento argumentó que ya había ejercido una banca de diputado y la gobernación constitucional de su provincia, el Congreso usó otra causal de inhabilidad moral: que el ex militar había omitido en sus declaraciones juradas de bienes presentadas al Congreso la posesión de una cuenta bancaria en el exterior.
Repercusiones
El caso Patti tendrá repercusiones en el Congreso porque en su lugar ya asumió quien lo seguía en la lista de candidatos de su partido. Se trata del dirigente sindical Dante Camaño, cuya situación en la Cámara se vería comprometida: ya juró como diputado y no es fácil encontrar argumentos para desplazarlo porque su asunción fue pacífica, incluso dentro de la fuerza que conduce Patti.
El fallo a favor de Bussi, y por extensión de Patti, tiene las firmas de los jueces Lorenzetti, Argibay, Zaffaroni y Fayt, que consideran que es una cuestión judiciable y que el Congreso actuó con arbitrariedad al rechazar el diploma del ex militar. Los jueces Petracchi y Highton admiten que es una cuestión judiciable, pero rechazan la queja de Bussi. Maqueda, en cambio, dice que se trata de una cuestión no judiciable y rescata el contenido del artículo 64° de la Constitución como filtro de los títulos de los legisladores.
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