La Audiencia Nacional de España pondrá en libertad al marino retirado Ricardo Cavallo. El alto tribunal se expidió ayer y decidió excarcelar a Cavallo si en el término de 40 días contados a partir de la fecha de esa resolución la Justicia argentina no pide la extradición del marino.
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La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se declaró ayer no competente para juzgar al capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, preso en España desde que el 29 de junio de 2003 fue extraditado por México. Remitió, además, las actuaciones a la Argentina, porque entiende que ya existe un proceso abierto en el país: la megacausa de la ESMA, y que se lo investiga por los mismos delitos imputados en el expediente de España. El tribunal tuvo en cuenta los argumentos del abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, quien pidió una declinatoria de jurisdicción al considerar que su cliente era investigado en la Argentina por los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). El juez federal Sergio Torres, responsable de la megacausa ESMA, estaba a punto de finalizar el año sin alteraciones y le cayó la brasa caliente de enfrentar al lobby de los organismos de derechos humanos que impulsaron el juzgamiento de Cavallo en España.
Ahora deberá resolver, apremiado por el tiempo, la situación de Cavallo: si dilata la decisión más allá del plazo de 40 días, el marino quedará libre, y experimentará en el tribunal de Comodoro Py la pesadilla de batucadas, marchas y agitación de los sectores de derechos humanos. También Torres tiene la presión del propio presidente Néstor Kirchner, quien días pasados exigió a la Justicia celeridad en la ejecución de los procesos abiertos por delitos contra los derechos humanos.
La resolución de la Justicia española llevó alivio al jefe naval Jorge Godoy, quien venía cuestionado en el frente interno por cierto abandono en el apoyo a un oficial que está en condición de retiro. Cavallo había hecho valer esa situación de revista -por nota-ante Nilda Garré con el objeto de que el gobierno tomara injerencia en la extradición al país. Más que una cuestión de Justicia, lo de Cavallo en Madrid importaba dinero, y mucho. La condena de la Audiencia Nacional hubiera abierto el camino a resarcimientos a familiares españoles que tendría que afrontar el Estado argentino -el bolsillo del contribuyente- del orden de los 2.600 millones de euros. El embajador argentino en España, Carlos Bettini -sufrió la desaparición de toda su familia-, perdió con la decisión del tribunal español un vasto espacio de influencia entre los exiliados argentinos que a diario se interesaban en la marcha del juicio a Cavallo.
Territorialidad
El fundamento de la resolución de la Audiencia Nacional para declinar su jurisdicción no fue otro que el del principio de territorialidad -tiene prioridad la Justicia nacional del ciudadano, en hechos cometidos en el país- que tantas veces pidió al juez Torres, Oscar Cavallo, padre y apoderado del marino preso en España. El seguimiento del expediente desde la apertura de la megacausa de la ESMA demuestra una constante obstaculización del juez federal a la extradición del marino. Por esa actitud -denegación de justicia-, fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por Cavallo padre.
La Cámara Federal porteña dio el antecedente a la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente en el caso Cavallo. El 17 de agosto pasado, en tres carillas, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi habían criticado duramente a Torres por el apresuramiento «en denegar la inhibición de la jurisdicción española que habían solicitado los defensores de Cavallo». Y le ordenaron que «revise si los delitos por los que se lo juzga en España son los mismos que los investigados en la causa ESMA». En varias oportunidades desde 2003, la defensa oficial del marino encabezada por Rodolfo Catinelli y Mariano La Rosa solicitó a Torres el retorno de Cavallo para ser sometido a la jurisdicción nacional pues figuraba entre los sospechosos del expediente de la ESMA con los mismos delitos que Garzón le imputó en España.
El juez Baltasar Garzón dictó el auto de procesamiento contra Cavallo en agosto de 2000 luego de ser encarcelado en México previo a su extradición a España. En ese escrito se afirma que Cavallo perteneció a los grupos operativos de la ESMA en la que desaparecieron o fueron ejecutadas 227 personas y otras 110 fueron secuestradas y liberadas tras colaborar delatando a compañeros integrantes de Montoneros.
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