Ex marino podría ser juzgado aquí

La Cámara Federal porteña abrió una puerta a la posibilidad de que el marino Ricardo Cavallo, preso en España desde junio de 2003, sea extraditado al país. La resolución producida el 17 de agosto pasado critica al juez Sergio Torres, responsable de la megacausa de la ESMA por el apresuramiento en denegar la inhibición de la jurisdicción española que habían solicitado los defensores de Cavallo. Y le ordenan que revise si los delitos por los que se lo juzga en España son los mismos que los investigados en la causa ESMA. En varias oportunidades desde 2003, la defensa oficial encabezada por Rodolfo Catinelli y Mariano La Rosa solicitaron a Torres el retorno de Cavallo para ser sometido a la jurisdicción nacional pues figuraba entre los sospechosos del expediente de la ESMA con los mismos delitos que Garzón le imputó en España. El juez Baltasar Garzón dictó el auto de procesamiento contra Cavallo en agosto de 2000 luego de ser encarcelado en México previo a su extradición a España. En ese escrito se afirma que Cavallo perteneció a los grupos operativos de la ESMA en la que desaparecieron o fueron ejecutadas 227 personas y otras 110 fueron secuestradas y liberadas tras colaborar delatando a compañeros integrantes de Montoneros. Según Garzón, «Cavallo participó en forma directa y activa en el mantenimiento de la situación en las detenciones, secuestros, « traslados», desapariciones, torturas físicas de las personas de la ESMA, así como de la muerte de diferentes personas». Para los del marino preso en España, la letra del escrito ampliamente difundida por la prensa internacional constituye la «notitia criminis» cuyo desconocimientono puede alegar Torres, juez natural de la causa. Luego, en 2005, los nuevos letrados Pablo Vigliero y Alfredo Solari reiteraron al magistrado Torres que España debía inhibirse ya que el propio fiscal de la causa ESMA, Jorge Taiana había incluido a Cavallo junto a 295 marinos para ser interrogados por los delitos cometidos en ese centro clandestino. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi eligieron una fecha histórica para elaborar el escrito, justo el aniversario del fallecimiento del Libertador de América del Reino de España, el general José de San Martín. Si no fuera casualidad se pensaría que además de las instrucciones directas a Torres para que revise su proceder hay una connotación que alude al imperio de la soberanía argentina sobre la pretendida jurisdicción española. Toda una novedad que cayó como balde de agua helada en el Juzgado Federal Nº 12. En tres carillas -luego de una audiencia de una hora otorgada al apoderado Cavallo- los camaristas desarmaron el andamiaje jurídico construido por Torres, quien había evitado el ruidoso lobby del amplio sector de organismos de derechos humanos de exiliados argentinos en España. Más que una cuestión de justicia lo de Cavallo en Madrid importa dinero y mucho. La condena de la Audiencia Nacional abriría el camino a resarcimientos a familiares españoles que tendría que afrontar el Estado argentino -el bolsillo del contribuyente- del orden de los 2.600 millones de euros. Según Oscar Cavallo, el apoderado y padre del marino encarcelado en Madrid, la orientación de Torres siempre fue remisa a juzgar a su hijo en el país. Por eso lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por denegación de Justicia y arbitrariedad.