La mala hora

Perder el poder no es sólo entregar celulares, vehículos y otras prebendas que los particulares deben pagar de su bolsillo. En la política criolla es perder impunidad, como le ocurrió en menos de 24 horas al saliente subsecretario de Vivienda, el piquetero Luis D'Elía. Apenas renunció, un juez ya se dispone a indagarlo por su intervención en la toma de una comisaría en el barrio de La Boca, hace dos años. Antes diputado, después funcionario, siempre tuvo el revoltoso cobertura política. Le alcanzará o llega la mala hora: en el Congreso se elaboraba un pedido de informes al gobierno para que dé a conocer las razones por las cuales D'Elía acató órdenes de un Estado extranjero (la Venezuela de Hugo Chávez). Por más hermanos latinoamericanos que se precien, se supone que los funcionarios argentinos responden sólo a su gobierno. Lo de D'Elía contra Kirchner roza la posibilidad de una desagradable imputación. Tiene el consuelo del burócrata: anoche imponía al sucesor en el cargo.

El chavista Luis D'Elía tiene un nuevo problema. Un fiscal quiere procesarlo por el asalto a la seccional policial de La Boca, ocurrida en junio de 2004.

La salida del gobierno del chavista Luis D'Elía reanimó el espíritu del fiscal Luis Comparatore. El año pasado éste había intentado encerrar al piquetero por la toma de la Comisaría 24ª de La Boca, pero una extraña alineación de los astros terminó beneficiando al polémico jefe de la Federación Tierra y Viviendas (FTV): pasó de legislador bonaerense a funcionario de Néstor Kirchner. Le sirvió para mantener ese mote de intocable.

El fiscal siquiera tuvo el apoyo de sus camaradas. La Sala I de la Cámara Federal porteña le cerró las puertas a su cruzada cuando ordenó el archivo de una parte de la causa que tenía como principales responsables a ex funcionarios del gobierno.

Comparatore quiso pero no pudo lograr la indagatoria de Norberto Quantín y de José María Compagnoli, por entonces funcionarios del Ministerio de Justicia.

Ambos se desempeñaban como secretarios de Seguridad de Gustavo Béliz cuando D'Elía con una milicia de piqueteros asaltó la Comisaría 24ª luego del crimen de Martín Cisneros, un militante de su agrupación, ocurrido en junio de 2004.

El fiscal siempre sospechó que el chavista de FTV actuó de esa manera porque existió una especie de «zona liberada», supuestamente facilitada por cierto paraguas protector de los funcionarios del gobierno.

Según la teoría del juez Jorge Urso, tanto el ahora fiscal Quantín como Campagnoli evitaron que se cumpliera la orden impartida por la jueza María Angélica Crotto para desalojar la comisaría. El piquetero liberó la seccional recién cuando la Policía detuvo al sospechoso del hecho, a quien D'Elía acusó de tener protección policial.

Citación equivocada

Aquella vez Comparatore y su adjunto Patricio Evers pidieron también la indagatoria del jefe piquetero y 42 miembros de su clan, Urso sólo llamó a D'Elía e incluso pidió su detención. Pero jamás logró que prosperen esas medidas. Primero porque D'Elía tenía fueros como diputado bonaerense y después se salvó porque fue designado funcionario de la inventada secretaria de Vivienda y Hábitat Social.

Ahora en desgracia y sin el respaldo presidencia, el fiscal vio la oportunidad de reactivar la causa dormida desde hace dos años. Por eso, pidió la indagatoria del piquetero y de quienes lo acompañaron en el copamiento de la sede policial. Todos están acusados de haber cometido una docena de delitos graves como: privación de la libertad, daños, lesiones y amenazas agravadas. Sin embargo, permanecen en libertad. En su presentación, Comparatore enumeró los hechos delictivos que podrían imputarse al líder piquetero, entre los que está incluido «el ingreso en forma violenta a la sede de la Comisaría 24ª, el desalojo de los policías que se encontraban en la seccional cumpliendo sus funciones, la sustracción de elementos que pertenecían a la comisaría».

Además, el funcionario judicial destacó «el daño ocasionado al edificio y mobiliario de la comisaría, las lesiones y amenazas proferidas a algunos policías, el intento de sustracción de las armas reglamentarias a unos uniformados y la privación ilegítima de la libertad durante unas horas» de unas personas que estaban en la seccional haciendo denuncias.