La ministra Nilda Garré se presentó a la Justicia federal para pedir que los militares detenidos en bases y guarniciones de las Fuerzas Armadas sean alojados en cárceles comunes. La Resolución Nº 444 del 9 de mayo se giró recién a todas las cámaras federales del país a principios de junio. El martes, el Presidente se hizo eco de la medida en el mismo discurso en el cual reclamó a los jueces que aceleren los juicios a los procesados por delitos de lesa humanidad.
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Uno de los postulados no escritos de la política es que si se tiene un problema lo mejor es que sea un problema de otro, y el deseo de Néstor Kirchner sobre las detenciones de militares es ahora una piedra en el zapato para los magistrados de la Cámara Federal porteña.
En efecto, los camaristas deberán desandar el camino que trazaron en una resolución firmada a principios de mayo pasado. En ese escrito habían ratificado lo resuelto por el juez federal Sergio Torres, responsable de la causa ESMA, respecto de la situación de una decena de marinos presos en instalaciones navales: «permanecerán en sus lugares de detención con custodia y régimen penitenciario». La resolución llevaba la firma de los integrantes de la Sala II de la cámara, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi.
Se llegó a esa decisión a partirde una presentación que habían realizado organismos de derechos humanos querellantes en la causa ESMA y también el fiscal federal Jorge Taiano. Los querellantes habían solicitado el inmediato traslado de los procesados a unidades pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal.
El juez Torres, en mayo de 2005, rechazó el pedido y fundó su decisión en que «tratándose de procesados de trascendencia pública, estaría en riesgo la integridad física de los detenidos». El caso emblemático es Alfredo Astiz, encarcelado en la base naval de Zárate. Hay otro elemento que enojó a Garré y llegó a oídos del Presidente: el ex capitán de fragata Adolfo Donda Tigel, detenido en la base de Río Santiago, remitió una carta documento a la ministra para que detenga la filmación del documental «Familia de sangre» que un cineasta independiente inició en esas instalaciones. El film recrea la vida de Victoria Donda, sobrina del ex represor y apropiada ilegalmente durante la última dictadura militar.
Las autoridades intentan saber ahora cómo hizo para enviar esa carta documento, ya que fue despachada el 26 de julio desde la casa central del Correo Argentino, obvio, fuera de su lugar de detención. Ese dato también preocupó al juez federal Guillermo Montenegro -subrogante del juez federal Sergio Torres en la causa por los crímenes cometidos en la ESMA-, quien ya inició una investigación para saber si la firma de la carta es de Donda Tigel y, en tal caso, averiguar cómo hizo el ex capitán de fragata detenido para despacharla.
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