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Señala el denunciante que la donación está identificada en el Banco Mundial como la número IDF 027282, para señalar luego que la Oficina Anticorrupción abrió una cuenta bancaria número 3257/83 en el Nación. Con estos datos, supone que la capacidad investigativa de la oficina podría estar cercenada y, al mismo tiempo, tampoco se explica cómo un organismo de esas características está en condiciones de recibir un aporte tan singular. Más cuando esas transferencias externas, por un expediente (MJ y DH Nº l27988/00), no integrarán el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Es decir que la oficina o sus titulares disponen de los recursos sin intervención de los organismos de control administrativo, justamente lo que en términos generales más de una vez ha objetado la labor de Massoni.
De organismo denunciante o investigador, ahora la oficina aparece como investigada. Sorprende que pueda recibir una donación externa, aunque es medianamente público que organismos internacionales como el BIRF se han aburrido de derivar fondos a los gobiernos y, luego, éstos no los han aplicado como correspondía. En consecuencia, no sería ilógico que el BIRF -al hacer la donación-impute directamente al instituto que desea beneficiar. Algo así como aplicar recursos al Hospital de Niños sin la intervención del Estado. Pero ¿puede una oficina como la de Anticorrupción aceptar ese donativo? ¿No implica esto un límite a su propia actividad, ya que resultaría extraño -por ejemploque investigara un cohecho entre gente del gobierno y ese organismo? Y que, además, utilice esos fondos sin control del Estado, como si fueran tan «reservados» como los de la SIDE. Seguramente, al conocerse los extractos bancarios, se sabrá el destino de esos fondos, se esclarecerá la aptitud del organismo para percibir recursos, la responsabilidad del titular para disponer de ellos y, también, la presunta falta de control del Estado -lo que no supone connivencia-sobre los recursos. Será bueno conocerlo pronto ya que esta situación, en apariencia anómala, se conectará, políticamente, con los que hoy se sorprenden de que la Oficina Anticorrupción casi no ha encontrado ningún caso del metier que la ocupa en el gobierno Duhalde. Casi lo mismo que en los tiempos en que gobernaba Carlos Menem sin necesidad de contar con ese organismo.
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