Enfermarse es a veces en la Argentina una forma de acción política (a un presidente de facto, Roberto Viola, lo enfermaron para sacarlo del poder). Es el recurso al que apeló el presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, para enfrentar el ataque del oficialismo. Lo acusan de demorar causas en las que no puede actuar porque está recusado, lo cual revela la inquina ideológica de las presiones. Pidió 30 días de licencia para mejorar su estado y preparar, además, su defensa en el Consejo de la Magistratura que cuenta como pieza clave una andanada de recusaciones hacia sus juzgadores.
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Los embates poco piadosos del gobierno de Néstor Kirchner provocaron el primer sacudón serio en la Cámara de Casación: Alfredo Bisordi pidió ayer una licencia de 30 días por enfermedad. El juez, presidente del máximo tribunal penal del país, fue duramente criticado por el Presidente y por diversos funcionarios del gobierno debido a una supuesta demora en el trámite de causas contra ex militares.
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Bisordi presenta una afección cardíaca, y si bien se trata de una patología que arrastra desde hace varios años (incluso se ha sometido a intervenciones quirúrgicas por esa razón), su enfermedad se vio agravada por el alto grado de estrés que le produjo su enfrentamiento con el gobierno.
La jefatura de Casación quedará ahora en manos del vicepresidente del cuerpo Juan Fégoli, secundado por el camarista Pedro David.
El pedido de licencia de Bisordi fue realizado ante la propia Cámara de Casación alegando un problema de salud e incluyó la presentación de certificados médicos que probarían una afección cardíaca. Medicina Laboral pretendió darle dos meses de licencia, pero el juez lo redujo a la mitad. No obstante, el examen más riguroso lo realizó en el Instituto Cardiovascular Francés Sacre Coeur.
¿Qué va a hacer durante estosdías?, preguntó este diario. «Voy a preparar mi defensa técnica ante el Consejo de la Magistratura. Estoy pensando en impugnar a todos los miembros del oficialismo que integran la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por imparcialidad», respondió Bisordi.
En esa lista están incluidos, además de Conti, Carlos Kunkel, Nicolás Fernández, María Laura Leguizamón y la representante del Poder Ejecutivo, Marcela Losardo. «Ellos no tienen independencia de criterio. Ya manifestaron que se limitarán a cumplir la orden del presidente Kirchner. Por lo tanto, la garantía de parcialidad que exige la ley no se cumple», sentenció.
Defensora
Ayer, Diana Conti dijo que el discurso en el que el Presidente embistió contra los jueces -el sábado pasado, en la provincia de Córdoba- fue «maravilloso».
La legisladora kirchnerista defendió además la decisión del gobierno de salir a cuestionar la actuación de la Cámara de Casación Penal, a la que le reclamó que acelere el tratamiento de juicios contra militares vinculados a casos de violación de los derechos humanos. Por estos casos fueron denunciados Bisordi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos.
La partida de Bisordi generó versiones suspicaces. Ayer, en los tribunales de Comodoro Py voceros interesados daban por terminado el período del camarista. Incluso se especuló con una supuesta amenaza al magistrado «instándolo» a presentar la renuncia y dar por concluido el enfrentamiento con Kirchner. El juez negó que esto hubiera sucedido. Sólo hizo referencia a un extraño episodio ocurrido frente a su casa que le hizo pensar que era espiado, razón por la cual realizó una denuncia en el juzgado del juez federal Daniel Rafecas. Por ese incidente ahora Bisordi tiene una custodia especial.
Además de aventurar lo dimisión de Bisordi por presión, también se especuló con la renuncia de Hornos y de Durañona y Vedia. «Con eso se termina todo».
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