Un juez estadounidense publicó el listado actualizado de cargos que se le atribuye al presidente venezolano. Fueron la justificación principal de la intervención militar ordenada por Donald Trump.
La nueva imputación (conocida como "imputación sustitutiva") incluye por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra ("Nicolasito").
Tres días después de su captura y posterior detención en EEUU, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro declarará este lunes ante un tribunal federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, a partir de las 14, hora de Argentina.
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Un juez federal del distrito sur de Nueva York hizo pública una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, secuestrado por EEUU tras el operativo militar en el país caribeño. Entre otros cargos, lo señala como líder del "Cartel de los Soles", una red criminal que, según la fiscalía estadounidense, utilizó las instituciones del Estado venezolano para traficar toneladas de cocaína hacia EEUU durante más de dos décadas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó además la acusación formal no sellada, en la que sostiene que Maduro encabezó una conspiración criminal durante al menos 25 años para introducir drogas en territorio estadounidense con apoyo de organizaciones armadas y redes delictivas regionales.
La nueva imputación (conocida como "imputación sustitutiva") incluye por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra ("Nicolasito"), elevando a seis el número de acusados, junto a figuras clave como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.
Según el escrito judicial, tanto Maduro como Cilia Flores figuran como imputados directos en delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armamento de guerra, lo que agrava el cuadro penal y expone a ambos a penas que pueden llegar a la prisión perpetua.
El documento del juez estadounidense también describe cómo el Cartel de los Soles, que estaría integrado por altos mandos militares venezolanos, habría operado como una "empresa criminal corporativa", donde el Estado actuaba como facilitador logístico, mientras grupos terroristas y carteles mexicanos funcionaban como proveedores y distribuidores. Según la acusación, Maduro y su círculo obtuvieron beneficios económicos a cambio de permitir que estas organizaciones operaran con impunidad en territorio venezolano.
La acusación detalla que el aparato estatal venezolano fue utilizado para garantizar rutas seguras, protección institucional y documentación oficial, incluyendo pasaportes diplomáticos, a integrantes de organizaciones narcotraficantes.
La acusación tiene cuatro imputaciones principales:
Los cargos que pesan sobre Nicolás Maduro son de máxima gravedad dentro del sistema federal estadounidense. La acusación incluye conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.
En términos penales, la conspiración para importar cocaína contempla una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. El narcoterrorismo, considerado un delito especialmente agravado, puede derivar directamente en prisión perpetua. A esto se suman penas adicionales por corrupción y conspiración criminal, que pueden alcanzar 20 años o más por cada cargo.
El uso y la posesión de armas de guerra añaden agravantes severos: según la legislación estadounidense, estas condenas pueden acumularse y sumar 30 años o más, o incluso derivar en una pena de por vida si se vinculan al narcotráfico. Las directrices federales establecen que, en este tipo de causas, las penas suelen cumplirse de manera consecutiva y sin posibilidad de libertad condicional.
El tribunal que juzgará a Maduro tiene antecedentes contundentes. Allí fueron condenados el dictador panameño Manuel Noriega, sentenciado a 40 años; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en 2024; y Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien recibió cadena perpetua en 2019.
En ese mismo fuero, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable para evitar un juicio que podía terminar en una condena de por vida. En todos los casos, la Justicia estadounidense aplicó penas máximas al considerar que se trataba de organizaciones criminales de alcance internacional.
Al anunciar el proceso, Pam Bondi fue categórica y aseguró que Maduro y Flores “enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense”. También recordó que Washington ofrecía una recompensa de u$s50 millones por el líder venezolano, señalado como jefe del denominado Cartel de los Soles. El Departamento de Justicia indicó que la acusación fue publicada mientras ambos ya se encontraban bajo custodia estadounidense.
Si los cargos principales son probados y las penas se acumulan, Nicolás Maduro podría recibir una condena superior a los 40 o 50 años de prisión, lo que en términos prácticos equivaldría a una cadena perpetua.
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