El oficial
Charles Swift,
abogado del
yemenita que
impugnó los
tribunales
especiales de
Guantánamo,
hace declaraciones
ayer
ante el edificio
de la Corte
Suprema
(arriba). El fallo
de ayer disgustó
a George
Bush (derecha).
Washington (EFE, Reuters, AFP, ANSA) - La Corte Suprema de EE.UU. asestó ayer el mayor revés judicial al gobierno de George W. Bush desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo, al declarar ilegales los tribunales militares especiales creados para juzgar a los detenidos en la base de Guantánamo (Cuba).
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Bush había insistido que su condición de comandante en jefe durante una guerra le confería la facultad de establecer esas cortes, que han funcionado de acuerdo con reglas extraordinarias que limitan severamente los derechos del acusado. No obstante, la máxima corte del país le dijo que se ha excedido en sus atribuciones.
Por 5 votos a favor y el voto en contra de los tres jueces más conservadores, la Corte dictaminó que las cortes antiterroristas violan la Convención de Ginebra que regula el trato a los enemigos capturados durante una guerra, así como el derecho militar de EE.UU. El noveno juez, John Roberts, que además es el presidente del Tribunal, se recusó porque había tratado el caso previamente en su anterior carácter de juez de una Corte de Apelaciones.
El máximo tribunal del país no se pronunció sobre la legalidad del encarcelamiento indefinido de los detenidos en Guantánamo, muchos de los cuales llevan allí más de cuatro años sin que se hayan presentado cargos contra ellos y en condiciones muchas veces denunciadas como degradantes y lindantes con la tortura.
La decisión se conoció mientras Bush se reunía con el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, y el presidente de EE.UU. no tuvo más remedio que responder a las preguntas de la prensa sobre el tema durante la rueda de prensa conjunta.
Bush señaló que su gobierno acatará la decisión, pero eso no quiere decir que renuncie a la idea de juzgar a los detenidos en Guantánamo en las cortes especiales.
El presidente señaló que cree que «hay una forma de proceder con los tribunales militares y trabajar con el Congreso de Estados Unidos».
Consultas
Bush explicó que iniciará consultas con miembros del Congreso para que la Legislatura autorice las cortes especiales.
En sintonía con la Casa Blanca, el senador John Warner, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, señaló que «ésa será una de nuestras más altas prioridades. Estoy seguro de que vamos a encontrar los medios para que sean sometidos a la Justicia en conformidad con nuestro derecho y el derecho internacional».
La propia Corte Suprema dejó abierta esa posibilidad al indicar en su fallo que el presidente podrá solicitar a la Legislatura la potestad para crear esos tribunales. Con todo, el revés político es nítido, ya que la aplicación de esas cortes dependerá ahora de una lucha política bipartidaria en el Congreso, sujeta a presiones de la sociedad civil y hasta de la comunidad internacional.
El máximo tribunal emitió su decisión en el último día de sus sesiones y después de que haya aumentado la presión interna e internacional sobre el gobierno para que cierre Guantánamo, donde recientemente se suicidaron tres detenidos.
El dictamen fue recibido como una gran victoria por las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que se han opuesto al encarcelamiento indefinido de sospechosos de terrorismo en Guantánamo desde que se abrió la cárcel a principios de 2002.
«La Corte Suprema ha rechazado enérgicamente el intento del presidente Bush de eludir los tribunales estadounidenses», dijo Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a algunos de los 450 detenidos en Guantánamo.
Ratner pidió a Bush que «juzgue a nuestros clientes en tribunales estadounidenses legales o los ponga en libertad».
El caso llegó a la Corte mediante un recurso presentado por Salim Ahmed Hamdan, un yemení de 36 años acusado de conspiración y que presuntamente fue el chofer del líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden.
Cierre
Hamdan es uno de los diez prisioneros contra los que el gobierno ha presentado cargos ante las cortes militares especiales, que limitan severamente los derechos de defensa y apelación de los detenidos y que funcionan al margen de la Justicia civil y la castrense (ver aparte).
En los últimos meses Bush ha expresado su deseo de cerrar Guantánamo, pero ha indicado que la decisión sobre el futuro de la prisión dependía del dictamen de la Corte.
No obstante, la Casa Blanca dejó claro que este revés legal no significará la clausura de esa cárcel.
Bush señaló que «el pueblo estadounidense tiene que saber que la decisión, como yo la entiendo, no resultará en la puesta en la calle de asesinos».
«Esto no significará el cierre de Guantánamo», enfatizó posteriormente el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, que aclaró que Bush ha afirmado que quiere acabar con la cárcel, «pero no ha dicho que quiera cerrarla rápidamente».
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