Cuba: inédita pena a jerarca comunista

Juan Carlos Robinson Agramonte, primer miembro del buró político del Partido Comunista Cubano en ser condenado por corrupción, en una foto de archivo.

La Habana (EFE, AFP, ANSA) - En un hecho sin precedentes por la importancia institucional del implicado, la Justicia cubana condenó a 12 años de cárcel a Juan Carlos Robinson Agramonte, hasta abril miembro del buró político y del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, por un delito de tráfico de influencias continuado.

Robinson es el primer miembro del buró político condenado, pero el tercero expulsado bajo acusaciones de abuso, corrupción o conducta impropia del cargo.

La condena contra Robinson fue dictada por la Sala Séptima del Tribunal Popular de La Habana durante un juicio celebrado el 16 de junio, tras un «riguroso proceso investigativo» realizado por los Organos de Instrucción Penal del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República, informó ayer el diario oficial «Granma».

Durante la vista oral, añadió el diario, Robinson se declaró culpable de un delito de tráfico de influencias continuado por el que fue condenado a 12 años de cárcel -frente a los 15 que solicitaba el fiscal- e inhabilitación para ocupar cargos en la administración del Estado y organizaciones sociales y de masa.

«En la sentencia dictada quedó demostrado que Robinson Agramonte, en franco proceso de debilitamiento ideológico, con abuso de su cargo, olvido de sus altas responsabilidades y de la probidad exigida para un cuadro revolucionario, hizo uso de sus influencias con el propósito de obtener beneficios», apuntó un comunicado del buró político publicado por «Granma».

Reestructuración

El proceso contra Robinson tuvo lugar en momentos en que el PCC lleva a cabo una reestructuración interna y luego de que el pasado 17 de noviembre Fidel Castro proclamara una guerra contra la «corrupción», las «ilegalidades» y los «nuevos ricos». Esa «batalla», que según el dictador cubano es de «vida o muerte» para la subsistencia de la revolución de 47 años, comenzó cuando los trabajadores sociales coparon las estaciones de servicio para frenar el robo de combustible, y siguió con controles en los mercados agrícolas, puertos, tiendas y otras dependencias estatales.

Los controles crearon desasosiego en muchos cubanos que rechazan ser considerados «ladrones» o «nuevos ricos» -según Castro surgidos de la apertura económica que permitió para sobrellevar la crisis de los años 90-, porque viven del mercado negro.

Economistas sostienen que ante las prolongadas carencias y los bajos salarios reales, la población adoptó una estrategia de subsistencia que pasa por un extendido mercado que se nutre de los recursos del Estado. Desde millones de litros combustible y toneladas de materiales para la construcción hasta ron y cigarrillos salen de las bodegas estatales para ser vendidos en la «bolsa negra».

Pero el caso Robinson reveló ayer que esa «corrupción» o «vicios», como lo llama Castro, llega también a las altas esferas del partido en el poder.

Robinson, que había sido secretario del PCC en Santiago de Cuba, fue separado del buró político y del Comité Central del Partido Comunista el pasado 26 abril, tras una reunión de máximo órgano de la dirección del partido.

Una nota oficial divulgada entonces lo acusó de «indiscreciones y reblandecimiento en sus principios éticos, que han puesto de manifiesto actitudes deshonestas incompatibles con la conducta de un comunista y menos aun de un cuadro del partido».

Robinson es el primer miembro del buró político condenado y el tercero removido. En mayo de 1999, el canciller Roberto Robaina fue cesado de su cargo de ministro y fue expulsado del partido en 2002. En 1993, la dirección del PCC cesó a Carlos Aldana, entonces considerado el tercer hombre en la jerarquía del país, como jefe del departamento ideológico y responsable de relaciones internacionales, acusado de favorecer actos de corrupción.

La condena de Robinson por corrupción se suma a las de otros altos cargos del partido, no pertenecientes al buró político, como el general José Abrantes, ministro del Interior y miembro del Comité Central del PCC, condenado a 20 años por abuso de confianza, negligencia y malversación de fondos públicos en 1989. Abrantes falleció en enero de 1991 en la cárcel.

También en 1989 el entonces ministro de Transportes, Diocles Torralbas, fue declarado culpable de malversación y uso indebido de recursos financieros y condenado a 20 años de cárcel.

Su destitución se produjo apenas un día antes de la detención del general Arnaldo Ochoa, miembro del Comité Central del PCC, que fue fusilado en 1989 junto a otros tres militares cubanos de alto rango, acusados de tráfico de drogas por un tribunal castrense.