Cumbre de aseguradoras: las cámaras buscan visibilizar el aporte del sector y advierten sobre los desafíos pendientes

La industria del seguro se reunirá el 22 de octubre en la Bolsa de Comercio para poner en valor su contribución al desarrollo económico y debatir los problemas que condicionan su expansión.

Diego Guaita (ADIRA), Mara Bettiol (UART), Gustavo Trías (ADEAA) e Irene Capusselli (AVIRA), cuatro de las cinco cámaras que integran el Comité Asegurador Argentino.

La industria de seguros buscará mostrar su aporte al desarrollo económico y social de la Argentina durante la tercera cumbre del sector, que se realizará en Buenos Aires el jueves 22 de octubre en la Bolsa de Comercio.

El encuentro es organizado por representantes de cinco cámaras aseguradoras con el objetivo de “visibilizar” una actividad que, pese a su participación en el funcionamiento de empresas y proyectos de inversión, suele tener una repercusión escasa en la agenda pública.

Por eso, la iniciativa apunta a poner en perspectiva el papel que cumple el seguro como respaldo para la actividad productiva, la protección de las personas y la recuperación frente a contingencias. También será un marco para exponer las dificultades que enfrenta el mercado y las condiciones que, según sus representantes, permitirían ampliar su alcance.

Estos aspectos fueron explicados por los titulares de las cámaras aseguradoras que organizan la cumbre durante una entrevista grupal con Ámbito. Sólo estuvo ausente la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), que preside Aldo Alvarez.

Diego Guaita, presidente de la Asociación de Compañías de Seguros del Interior de la República Argentina (ADIRA), sintetizó el propósito de las entidades al señalar: "Lo que tratamos de hacer todas las cámaras es poner en valor los beneficios que tiene el seguro para contribuir al desarrollo del país. Básicamente, sin los seguros no se podría emprender todo lo que se está emprendiendo".

El dirigente sostuvo que la cumbre pretende destacar las capacidades de una industria que considera preparada para acompañar la evolución de la economía. "La cumbre tiene el objetivo de poner en valor toda la fortaleza de lo que hace el seguro en Argentina, que funciona muy bien, que tiene mucha solvencia, que puede andar mejor, y que estamos listos para acompañar todo el desarrollo que se está dando en Argentina", afirmó.

El seguro como infraestructura invisible

Para Irene Capusselli, presidenta de la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), uno de los principales desafíos del sector es lograr que la sociedad reconozca su aporte más allá del momento en que se produce un siniestro o se necesita una cobertura.

"La idea del evento es de alguna forma visibilizar lo que el superintendente llama la infraestructura invisible. O sea, nosotros hacemos posible las actividades cotidianas, pero no nos ven. Somos realmente invisibles", explicó.

La dirigente recurrió a uno de los principales proyectos energéticos del país para ilustrar esa función: "Pensar en Vaca Muerta sin seguros es imposible".

En ese sentido, Capucelli sostuvo que el encuentro apunta a mostrar la presencia de la industria y su utilidad para la sociedad. "La idea justamente de esta cumbre es de alguna forma dar un mensaje de dónde estamos, cuál es nuestra presencia y nuestra utilidad para la sociedad. Poner en valor ese papel que tenemos, que pasa desapercibido", señaló.

Irene Capusselli (AVIRA).

Sin embargo, la visión de AVIRA también pone el acento en una problemática estructural de su segmento: la baja penetración de los seguros de personas en el mercado argentino. La entidad reúne a 39 compañías, que representan más del 90% del mercado de seguros de personas, según los datos aportados por su presidenta.

Capucelli explicó que estos productos representan alrededor del 14% de las primas de la industria aseguradora, una participación que considera reducida frente a la de otros países, incluidos algunos de la región. Aun así, destacó que el segmento registró un crecimiento real durante el último ejercicio. Según indicó, las estadísticas cerradas al 30 de junio mostraron una expansión de casi el 13% por encima de la inflación.

La evolución estuvo impulsada principalmente por los seguros de vida y retiro individuales. Para la titular de AVIRA, no obstante, el crecimiento todavía no alcanza para revertir las dificultades que limitan la incorporación de estos instrumentos a las decisiones financieras de las personas y las empresas.

Entre los factores que condicionan la demanda mencionó la falta de educación financiera, el desconocimiento de los productos y los prejuicios sobre sus costos. También señaló la necesidad de revisar los incentivos fiscales, que considera insuficientes para estimular la contratación.

Capusselli advirtió que las deducciones de Ganancias para los seguros individuales quedaron rezagadas y que los seguros colectivos no cuentan con incentivos actualizados. En particular, explicó que las empresas que contratan seguros de retiro colectivos o planes de pensión para sus empleados encuentran limitaciones para descontar esos gastos del impuesto.

A estos factores se suma el desafío de la longevidad. La presidenta de AVIRA vinculó el envejecimiento de la población con la necesidad de desarrollar mecanismos complementarios de ahorro y protección para la etapa posterior al retiro laboral.

"Hoy en día tenemos más del 70% de la población jubilada que cobra menos de dos mínimas, con lo cual está muy claro que la jubilación hoy no alcanza, menos cuando uno lo proyecta en el futuro, la situación es todavía más apremiante", afirmó.

La dirigente también mencionó la caída de la natalidad, la informalidad laboral y el aumento de los gastos asociados a la salud durante la vejez como elementos que refuerzan la necesidad de ampliar la oferta de productos.

En ese escenario, planteó la posibilidad de avanzar en seguros que combinen protección, ahorro, cobertura sanitaria y cuidados prolongados, con prestaciones adaptadas a las distintas etapas de la vida.

El desarrollo del segmento, además, tendría efectos sobre el financiamiento de la economía. Capusselli recordó que las aseguradoras administran ahorros de mediano y largo plazo que pueden canalizarse hacia instrumentos del mercado de capitales.

“Si con esta macroeconomía estable, con una inflación controlada y una moneda que va retomando fuerzas, logramos incrementar los seguros de personas, eso tiene una doble finalidad: ayudamos a un montón de gente a tener acceso a mejores condiciones y a una protección que hoy no tiene, pero al mismo tiempo estamos generando inversiones que pueden ayudar al país”, completó.

Por eso, sostuvo que una mayor penetración de los seguros de personas permitiría ampliar la protección patrimonial de los hogares y, al mismo tiempo, generar recursos para la inversión.

Riesgos del trabajo: la litigiosidad, en el centro del debate

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) identifica en la litigiosidad judicial uno de los principales problemas que afectan al sistema. Su presidenta, Mara Bettiol, destacó que el régimen cumple 30 años y que sus prestaciones son valoradas por empleadores, trabajadores y autoridades, pero advirtió sobre las dificultades que genera la evolución de los juicios.

Bettiol sostuvo que los resultados en materia de prevención y cobertura contrastan con el volumen de reclamos judiciales. Según explicó, el sistema logró reducir un 80% el índice de fallecimientos, lo que equivale a unas 20.000 vidas salvadas a lo largo de tres décadas.

La dirigente también destacó que, cuando se produce un accidente laboral, el régimen contempla prestaciones acordes con las necesidades del trabajador y con la duración de las secuelas, sin límites temporales ni copagos cuando corresponde brindar esa cobertura.

Sin embargo, consideró que esos resultados conviven con una dinámica judicial que no guarda relación con la evolución de los indicadores de siniestralidad. "La otra cara de los riesgos del trabajo es la judicialidad. Una judicialidad exacerbada, que nada tiene que ver con el servicio, con el funcionamiento, con la gestión, con las normas, sino en un fuerte incumplimiento por parte del Poder Judicial", afirmó.

Como referencia, Bettiol señaló que la Argentina registra 23 veces más juicios que Chile y 15 veces más que España en esta materia, pese a que, según su evaluación, los servicios de prevención y cobertura presentan características comparables con los de esos países.

Mara Bettiol (UART).

Para la titular de la UART, el problema no requiere necesariamente nuevas leyes, sino la aplicación de herramientas que ya están previstas en la normativa. En particular, reclamó la unificación de criterios judiciales y la puesta en marcha de mecanismos destinados a dar previsibilidad a las partes.

"Lo que es necesario es instrumentarlos por parte de la Justicia, es unificar criterios y acelerar en esta puesta en marcha de distintas herramientas que brinda la ley, todas orientadas a dar certidumbre a las partes", sostuvo.

Bettiol cuestionó las diferencias entre los criterios utilizados por los tribunales para evaluar incapacidades y advirtió que esa heterogeneidad alimenta nuevos litigios. Según los datos que presentó, el 88% de los juicios tuvo una instancia administrativa previa en la que intervino una comisión médica oficial, pero los casos que llegan a la Justicia terminan con una incapacidad promedio del 14%.

La dirigente afirmó que la situación afecta la solvencia del sistema y su capacidad de gestión. También vinculó la discusión con la necesidad de generar empleo formal, dado que el régimen de riesgos del trabajo protege a quienes se desempeñan en una relación laboral registrada.

En su diagnóstico, el cumplimiento de las normas vigentes constituye una condición para reducir la litigiosidad y sostener el funcionamiento del sistema. "Todos los actores que tienen algo que ver en este sistema hemos hecho la tarea que está prevista en la ley. Los poderes ejecutivos, los poderes legislativos, las ART, los empleadores, los trabajadores. El único que todavía está pendiente de cumplir con las normas es la Justicia", concluyó.

Seguros patrimoniales: costos judiciales, impuestos y nuevos riesgos

La Asociación Argentina de Compañías de Seguros, presidida por Gustavo Trías, también ubicó a la litigiosidad entre los principales problemas del mercado, en particular en el ramo automotor. La entidad tiene 132 años de historia y reúne a 38 compañías nacionales y extranjeras que, de acuerdo con los datos aportados por su titular, representan el 55% del mercado.

Trías señaló que la cantidad de juicios constituye un problema para las aseguradoras patrimoniales, aunque aclaró que su incidencia es diferente de la que se registra en riesgos del trabajo. Según indicó, el 1,5% de los siniestros se convierte en un juicio, pero la duración de esos procesos y sus costos terminan repercutiendo sobre los asegurados.

"Lo que sucede con esos juicios es que tienen una duración promedio de 66 meses, y ahí tenemos una víctima que tiene que esperar más de cinco años para ver cómo fue el resultado", afirmó.

El dirigente sostuvo que las demoras judiciales también afectan la finalidad del seguro de responsabilidad civil, que busca dar respuesta a quienes sufren daños. De acuerdo con las cifras que expuso, al final del proceso la víctima cobra, en promedio, el 40% de lo que costó el caso.

Para Trías, la duración de los litigios y los gastos asociados incrementan los costos del sistema. Ese impacto se distribuye entre los asegurados, dado que las compañías trabajan con fondos constituidos a partir de las primas que pagan sus clientes.

El presidente de la asociación también relacionó el costo de las coberturas automotoras con la siniestralidad vial. Según sus datos, la Argentina registra alrededor de 5.000 muertes anuales por accidentes de tránsito y una frecuencia siniestral del 20% en ese ramo.

Gustavo Trías (ADEAA).

A la problemática judicial se suma, de acuerdo con su diagnóstico, la carga impositiva. Trías estimó que cerca de un tercio de lo que paga un asegurado por una póliza puede corresponder a impuestos y tasas, entre ellos el IVA, Ingresos Brutos, sellados provinciales y gravámenes específicos.

El dirigente cuestionó especialmente la acumulación de tributos sobre los seguros automotores y planteó que una reducción de esa carga podría contribuir a disminuir los costos para los clientes y ampliar el acceso a las coberturas.

Otro eje de trabajo de la entidad es la adaptación del mercado a riesgos emergentes. Entre ellos, mencionó la ciberseguridad, las catástrofes naturales y los cambios tecnológicos vinculados con los vehículos híbridos, eléctricos y autónomos.

ADIRA: ampliar la cultura aseguradora y mejorar el acceso

Desde ADIRA, su presidente Diego Guaita planteó que el desarrollo del mercado asegurador debe acompañar la expansión económica del país y que, para ello, es necesario mejorar las condiciones de acceso a las coberturas.

La entidad representa a 12 aseguradoras, que concentran casi el 30% del mercado argentino. Su presidente identificó dos grandes obstáculos: la carga impositiva y la litigiosidad judicial.

"Uno de los objetivos es hacer crecer los seguros en un país que necesita crecer económicamente. Los seguros tienen que crecer", afirmó Guaita.

El dirigente explicó que la carga tributaria encarece las pólizas y puede limitar su contratación. En ese sentido, señaló que en la Argentina existen impuestos sobre los seguros que tienen una incidencia menor o directamente no están presentes en otros mercados.

Para ADIRA, una reducción de esa carga permitiría hacer más accesibles las coberturas, extender la cultura aseguradora y generar condiciones más favorables para la actividad económica.

Guaita también destacó que el seguro puede contribuir a promover inversiones en distintos sectores productivos. Como ejemplo, mencionó las políticas que incentivan o subsidian determinadas coberturas para estimular el desarrollo de actividades económicas, al brindar protección frente a contingencias que podrían comprometer los recursos invertidos.

El segundo problema señalado por la entidad es la demora en la resolución de los conflictos judiciales. Según Guaita, los procesos prolongados afectan la experiencia de los asegurados y dificultan la prestación de un servicio que debería ofrecer respuestas oportunas.

"Con juicios largos, se demora la resolución y, por ende, un asegurado no tiene una experiencia feliz por los tiempos de la Justicia", explicó.

Diego Guaita (ADIRA).

El titular de ADIRA indicó que las compañías mantienen una relación de trabajo con la Superintendencia de Seguros de la Nación para abordar los problemas del sector. También consideró que la transición desde un escenario de inflación elevada hacia otro de menor inflación modificó las condiciones de funcionamiento del negocio.

En ese contexto, sostuvo que las aseguradoras debieron pasar de un esquema en el que los resultados financieros tenían mayor peso a otro en el que adquiere más relevancia la rentabilidad técnica de la actividad.

"El sector que representa ADIRA incluye compañías que son solventes, que pagan, que tienen liquidez y fuimos resolviendo toda la problemática", afirmó.