5La Policía de la Ciudad reprimió a los metrodelegados que se manifestaban en las cercanías de la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B. Tras la liberación, todas las líneas volvieron a prestar servicio completo entre cabeceras.
La Poicía reprime a lo metrodelegados.
Dos de los tres metrodelegados que aún permanecían detenidos fueron liberados esta tarde. Ahora, los trabajadores del subte decidirán en asambleas si continúan con la medida de fuerza iniciada sorpresivamente esta mañana cuando la policía detuvo a los trabajadores por liberar los molinetes. Tras la liberación, todas las líneas volvieron a prestar servicio completo entre cabeceras.
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Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia fueron liberados pasadas las 15 y se sumaron a Néstor Segovia. "Hay un ataque que no se ve desde la dictadura, la apertura de molinetes está garantizada por la Constitución, pero se los llevan presos. El jefe de gobienro (Jorge Macri) quiere establecer una dictadura fascista, no se puede protestar, no se puede hacer nada, quien reprimir y perseguir trabajadores y no lo vamos a permitir", sostuvo Dellecarbonara a poco de recuperar la libertad.
En tanto, la Policía de la Ciudad reprimió esta tarde a metrodelegados y manifestantes que protestan en Villa Urquiza, a la altura de la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, pidiendo por la liberación de los trabajadores que habían sido detenidos esta mañana. El servicio de subtes permanece interrumpido y la continuidad del paro será decidido en asamblea.
Los manifestantes cortaron la avenida Roosevelt y la Policía de la Ciudad intervino en el lugar para disipar las protestas y cumplir con el "protocolo antipiquetes".
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) intimó este martes a los metrodelegados a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte y el Premetro, luego del paro sorpresivo que provocó la interrupción del transporte durante la mañana. La medida de fuerza fue convocada en rechazo a la detención de dos representantes sindicales durante una protesta en la Línea B.
La decisión fue formalizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña mediante la Resolución 1201/SECTE/26, que exige a las partes involucradas asegurar la prestación mínima del servicio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 230/26.
Según el comunicado oficial, la disposición también establece que los sectores involucrados deben adoptar e informar de manera inmediata las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa.
"El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio", señala el documento difundido por las autoridades porteñas.
La intimación se produjo después de que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunciara la paralización de las seis líneas y el Premetro, en respuesta al operativo policial desarrollado en la estación Juan Manuel de Rosas.
El sindicato condicionó la reanudación de las actividades a la liberación de los dirigentes detenidos, mientras que el Ejecutivo porteño defendió la intervención de las fuerzas de seguridad.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, respaldó públicamente el procedimiento policial y cuestionó la medida de fuerza impulsada por los trabajadores.
A través de su cuenta en X, el mandatario porteño advirtió que no permitirá "extorsiones mafiosas" que comprometan el funcionamiento del transporte público. "El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas", afirmó Macri.
Sus declaraciones se conocieron después de que el gremio denunciara la detención de dos de sus representantes durante una protesta realizada en la cabecera de la Línea B.
La posición del Gobierno porteño se centró en la necesidad de preservar la continuidad del transporte y garantizar que los usuarios puedan utilizar el servicio, incluso en el marco de una medida sindical.
En ese sentido, la resolución emitida por la Secretaría de Trabajo y Empleo busca establecer un piso obligatorio de funcionamiento del 50%, mientras continúa el conflicto entre los trabajadores y las autoridades.
La intimación no implica, por sí misma, que el servicio se haya normalizado, sino que constituye una exigencia formal para que se restablezca la prestación mínima establecida por la normativa invocada.
Los incidentes comenzaron alrededor de las 8:30 en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la Línea B, donde los trabajadores protestaban por las condiciones laborales y la contratación de empresas tercerizadas para realizar tareas de mantenimiento.
Según la organización gremial, los efectivos policiales intervinieron cuando los empleados decidieron abrir un molinete para permitir el ingreso gratuito de pasajeros, una modalidad de protesta utilizada en anteriores conflictos sindicales.
El referente de los metrodelegados, Claudio Dellecarbonara, difundió un video en sus redes sociales en el que denunció que la Policía intentó detener al delegado Sebastián Carrizo por disposición de la Fiscalía. Además, aseguró que los agentes exigieron identificar a los trabajadores que participaron de la manifestación antes de avanzar con el procedimiento.
Desde la AGTSyP cuestionaron la intervención de las fuerzas de seguridad y calificaron el operativo como un accionar represivo e ilegal contra el ejercicio del derecho a la protesta.
La protesta de este martes estuvo precedida por una advertencia de los metrodelegados, quienes el lunes 19 de octubre declararon el estado de alerta ante la presencia de empresas tercerizadas en distintos sectores de mantenimiento.
La decisión fue comunicada mediante un documento elaborado por el Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP, después de una resolución adoptada por el plenario de delegados.
En el comunicado, la organización rechazó la contratación de empresas externas para desarrollar tareas que, según su interpretación, corresponden al personal comprendido en el convenio colectivo de trabajo.
El gremio sostuvo que la tercerización constituye una modalidad de contratación ilegal y representa una vulneración de los acuerdos laborales vigentes.
También denunció que la concesionaria recurre a estos mecanismos para compensar la falta de personal en sus planteles, particularmente en las áreas encargadas de garantizar el mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios.
El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, confirmó este martes que el paro de subtes continuará y advirtió que los trabajadores podrían extender la medida de fuerza por tiempo indeterminado si la empresa concesionaria Emova no responde a los reclamos sindicales.
En medio del conflicto que provocó la interrupción de las seis líneas de subterráneos y el Premetro, el dirigente lanzó una dura advertencia contra la compañía y aseguró que la relación entre ambas partes atraviesa un momento de máxima tensión: “No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado”.
El sindicalista también anticipó un endurecimiento de las protestas y cuestionó la actitud de la concesionaria frente a los reclamos de los empleados.
“Se termina la paz social”, afirmó, al tiempo que buscó diferenciar sus críticas hacia la empresa de su posición respecto de las autoridades porteñas. “Se lo digo bien a EMOVA, estoy enojado con la empresa no con el gobierno de la Ciudad”, sostuvo.
A través de un comunicado difundido este 20 de octubre, el Consejo Directivo Nacional de la CGT calificó las detenciones como “arbitrarias e injustificadas” y cuestionó la intervención policial durante la manifestación desarrollada en la estación Juan Manuel de Rosas.
El pronunciamiento se conoció en medio del paro que afecta a las seis líneas de subterráneos y el Premetro, dispuesto por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en respuesta a los arrestos.
Según la información difundida durante la jornada, el dirigente sindical Néstor Segovia recuperó la libertad, mientras que Dellecarbonara y Heredia permanecen detenidos.
La protesta que desencadenó el conflicto estuvo vinculada con el rechazo de los trabajadores a la tercerización de tareas de mantenimiento y con el reclamo por una sanción aplicada a uno de sus compañeros.
En su comunicado, la CGT sostuvo que el procedimiento policial representó una forma de persecución contra los trabajadores por ejercer sus derechos gremiales.
La central obrera recordó que tanto la libertad sindical como el derecho de huelga están reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese sentido, la organización cuestionó la intervención de las fuerzas de seguridad durante una protesta relacionada con las condiciones laborales y reclamó que se garantice el ejercicio de la actividad sindical.
Además, responsabilizó a Emova y al Ejecutivo porteño por el agravamiento de la disputa, que comenzó con los cuestionamientos a la contratación de empresas externas para realizar funciones que, según los metrodelegados, corresponden al personal de mantenimiento.
El sindicato también denunció sanciones y descuentos salariales aplicados a trabajadores de la red, una situación que ya había provocado medidas de fuerza durante las primeras semanas de octubre. La CGT vinculó ambos reclamos con el origen de la manifestación realizada este martes en la cabecera de la Línea B.