Auditoría da duro golpe a candidatura de ibarra

Se complicó ayer Aníbal Ibarra en su campaña para ser reelecto como jefe de Gobierno porteño, con el abultado informe de la Auditoría General de la Capital Federal sobre serias irregularidades durante las refacciones del edificio del ex Concejo Deliberante porteño, hoy Legislatura. La remodelación se hizo durante la gestión de Ibarra como vicepresidente legislativo, con las facultades administrativas. Los auditores detectaron numerosos defectos en la ejecución de casi u$s 16 millones. Habría sobreprecios, licitaciones incorrectas y muchas observaciones que podrían sugerir corrupción.

Un extenso informe de 300 páginas, cuadros y fotografías, acerca de las obras de remodelación del edificio de la Legislatura porteña fue enviado ayer por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, con la enumeración de serias irregularidades en la administración del emprendimiento que llegó a un costo de u$s 15.903.489. Complicaría a Aníbal Ibarra esa situación, en medio de la campaña por su reelección, ya que las obras ocurrieron durante su gestión como gerente de la Legislatura. Ibarra deberá explicar la falta de comprobantes a que alude el informe, las serias irregularidades que podrían derivar en hechos de corrupción y la mecánica de las contrataciones que se objetan en la investigación. El trabajo ya tiene un año en el organismo de control, hasta que finalmente se firmó el informe preliminar el miércoles por la tarde, tal como anticipó este diario. Las obras se comenzaron en 1997, cuando los ex concejales asumieron con estatus de legisladores tras la autonomía porteña. Para la realización, la Legislatura funcionó casi dos años en el Centro Cultural San Martín. Entonces el vicepresidente de la nueva Legislatura era Ibarra y su secretario administrativo, Ariel Schifrin, hoy funcionario del Gobierno de la Ciudad.

La investigación, que en este caso realizó el organismo de control de la Ciudad, ya cuenta con al menos dos causas judiciales. Una obedece a una denuncia radicada en el Juzgado 48 y otra al inconveniente con una de las empresas contratadas.

A primera vista, el informe que abunda en tecnicismos fue evaluado por asesores de diferentes fuerzas políticas, los que detallaron algunas curiosidades, que deberá considerar la Legislatura para que el informe preliminar termine en «final» con las recomendaciones o acciones que deriven del análisis.

• Sin inventario

Por ejemplo, se habría contratado sólo la mitad de las obras con el sistema de licitación pública y el resto se habría resuelto por la modalidad de contratación directa. En varios casos los trabajos se pagaron sin estar concluidos, incluso, de acuerdo con los comprobantes de la Auditoría, algunos no estarían terminados aún hoy.

Durante el transcurso de las tareas de demolición, previas a la refacción del magnífico palacio de la peatonal Perú (exclusiva porque circulan auto-móviles allí) no se habría realizado inventario de 230 equipos de aire acondicionado, de los cuales figuran 142 dados de baja y 18 denunciados como «robados».

Verifican además los auditores que no fue instalado un sistema de climatización inteligente que figuraba en el proyecto, como tampoco el sistema de voto electrónico. Se señala en ese aspecto que «sanitarios y vestuarios del personal han quedado inconclusos y no se pueden utilizar» ni tampoco funciona un montacarga destinado a retirar residuos.

Como particularidades, se da cuenta que mientras los auditores realizaban sus trabajos, en setiembre de 2000, les fue «sustraída del lugar asignado» en la Legislatura «la computa-dora cedida a tal fin en carácter de préstamo».

Señalan que «en las contrataciones examinadas se verifica insuficiencia, imprecisión y/o carencia de análisis de precios a los efectos de establecer el precio indicativo de las contrataciones».

Indican también que en las licitaciones se pedía una marca específica de producto y que en los certificados de obra «se han observado deficiencias formales consistentes en enmiendas y/o refoliaturas» o «firmas sin aclaración».

Ya en julio de 2000, una auditoría interna había recomendado sumarios en torno a una de las licitaciones referidas a un adicional de $ 425.000 para tareas de plomería.

En cuanto a «adicionales» que son numerosos de acuerdo con el informe al que tuvo acceso este diario, se habla del pago de u$s 127.322 para reemplazar «el equipo de audio existente» cuyo cambio se previó en $ 24.000 y terminó costando más de $ 127.000 sin que surja «del expediente alguna documentación que acre-dite que el equipo existente era obsoleto y no justificaba su reparación».

Otro adicional incrementó en más de $ 30.000 el sistema de sonido y votación en el recinto, a pesar de que una empresa reconocida lo había cotizado en $ 91.000 y se terminó pagando $ 127.000. De acuerdo con asesores de diferentes bloques «se habrían pagado unos $ 4 millones en sobreprecios».

• Remodelación

Además, una de las licitaciones más objetadas se refiere a la encargada para remodelar el sótano, la planta baja, piso principal y varias dependencias de otros pisos, que insumió u$s 3.700.000 en principio pero se elevó con 12 adicionales a $ 1.341.793 más de lo presupuestado. No encontraron los auditores, en ese ítem, documentación que acre-dite un gasto de $ 339.000, por ejemplo, en el sinnúmero de irregularidades que llenan los dos tomos que integran el informe.

La investigación contable fue avalada por 5 de los siete auditores, ya que los dos que representan al Frente Grande en el organismo dictaminaron en minoría.

El paso siguiente es que la Legislatura estudie los detalles y luego se hace un período de descargo hasta que se emite un informe final, pero para esa cuestión la Auditoría parece haber cometido una picardía. Antes de elevar el informe referido a las obras, envió, el día anterior 23 informes referidos a otros organismos, y ayer el más polémico.

De esa manera, las consecuencias de la autoría sobre la administración de Ibarra en la Legislatura podrían conocerse pasadas las elecciones de agosto. De todos modos, de acuerdo con lo revelado por auditores, la documentación fue remitida al juzgado penal donde se radicó hace dos años la denuncia de un particular.