Bs. As.: quedarían afuera 70 policías

El gobierno bonaerense envió ayer a la Justicia la primera tanda de informes sobre la situación patrimonial de jefes policiales para que se inicien causas penales, en una ratificación del ministro Juan José Alvarez de que continuará con las investigaciones para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito entre los uniformados. De esos 138 investigados, se presume que la mitad será separada de la fuerza en los próximos días.

«El proceso que inició Asuntos Internos no tiene vuelta atrás» dijo el funcionario y agregó que no va «a cajonear nada», en un señal de que está determinado a mantener la línea que inició su antecesor, Juan Pablo Cafiero, respecto a la investigación patrimonial de los comisarios que conducen la fuerza.

De todos modos, Alvarez admitió que el hecho de que 138 uniformados estén siendo investigados, «complica» el funcionamiento de la fuerza y dificulta su margen de maniobra para completar los cargos vacantes en la cúpula de la Bonaerense, entre ellos la jefatura hoy interinamente ocupada por el subjefe Eduardo Colaci.

«Cometería un gran error y sería retardar demasiado la reestructuración policial si hoy pongo a una persona que dentro de 15 días la voy a tener que reemplazar por los mismos motivos que he reemplazado a otro anteriormente» explicó el funcionario.

«No es fácil» dijo ayer el ministro que, sin embargo, anticipó que hará cambios en la fuerza «por cuestiones funcionales» que nada tendrán que ver con las investigaciones de Asuntos Internos. Evalúa, entre otras opciones, reducir la cúpula hoy integrada por diez comisarios.

Ayer, por lo pronto, giró a la Fiscalía General de La Plata, que conduce Héctor Vogliolo, los expedientes de doce uniformados -fuentes judiciales dijeron que sólo recibieron ocho-, entre los que figuran el ex jefe Alberto Sobrado y los ex número dos y tres de la fuerza, Julio César Frutos y Héctor Díaz.

Sin embargo, esos comisarios -en la tanda inicial también están Aníbal Degastaldi y Alberto Cánepa, y Regina Zonta, la única mujer del grupo- continuarán perteneciendo a la Policía. «Hasta tanto la Justicia no certifique que cometieron algún delito, seguirán integrando la fuerza. Si no, estaría prejuzgando» dijo Alvarez y reiteró que en su ánimo no está realizar una «caza de brujas» en la Bonaerense.

Válida o no, esa es la mecánica con que funciona la Bonaerense, al punto que el expulsado Sobrado, a quien se le detectó una cuenta bancaria en el exterior por más de 330 mil dólares -que no había incluido en su declaración jurada de bienes- hoy continúa cobrando su sueldo como comisario general.

• Prueba piloto

La nómina entregada ayer a Vogliolo se ampliará en los próximos días, hasta abarcar un universo de cerca de 40 policías. El número no es preciso porque hora tras hora se suman nuevos casos: por ejemplo, Claudio Smith, hijo de un allegado a Eduardo Duhalde, que sonó como posible jefe policial, podría tener el mismo destino. Al margen, el ministro anticipó que diseñó un plan de seguridad que se comenzará a aplicar la semana que viene como prueba piloto en «dos o tres municipios». No quiso dar detalles sobre el mismo porque, aclaró, antes debe consensuarlo con Felipe Solá.

Por lo pronto, trascendió que habrá dos «modelos» matriz, uno para el interior de la provincia y otro para el conurbano, que a su vez se adaptarán en función de las necesidades de cada municipio. Uno de los puntos del plan será el férreo control de la eficiencia policial que se testeará a partir de tres variables: las denuncias realizadas en las comisarías, las hechas en la Justicia y una encuesta de victimización que realizará el Ministerio. «Cruzando esos tres datos sabremos si da resultado o no» se explicó.