¿Cuál será el papel de Laura Alonso en la resolución de conflictos de intereses?

Política

Tras la publicación en el Boletín Oficial de los dos decretos que establecen procedimientos para resolver conflictos de intereses en el marco del Correo-Gate, será la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, la encargada de recibir y examinar la 'Declaración Jurada de Intereses' de quienes se presenten en un procedimiento de contratación pública.

El documento que evaluará Alonso debe detallar si la persona "se encuentra o no alcanzada por algún supuesto de vinculación, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata".

La Oficina estudiará si hay "parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia o amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".

Asimismo, el decreto número 202/2017 detalla que "dentro del plazo de 60 días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, la Oficina Anticorrupción aprobará la normativa y los formularios necesarios para su implementación. Asimismo, podrá dictar las normas operativas, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el mejor cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, y elaborará planes, protocolos, manuales y/o estándares a ser aplicados por los organismos alcanzados por el presente".

Finalmente, los datos que consten en la "Declaración Jurada de Intereses" deberán actualizarse anualmente.

El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Laura Alonso fue citada en dos oportunidades a la Cámara de Diputados para que explique cuáles fueron las medidas que tomó previo a la firma del preacuerdo, ahora denunciado por el Estado a la Justicia, aunque no concurrió ninguna de las dos veces.

El preconvenio contemplaba el pago de $ 296 millones que adeuda Socma al Estado desde el 2003 cuando perdió la concesión del Correo, y que por la ley de quiebras no se puede actualizar ni recargarle intereses, dado que no existe una ley cuando el perjudicado es el erario público.

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