Eugenio Zaffaroni cometió un descaro insólito para su condición de virtual juez de la Corte. Por si no fuera suficiente con las irregularidades de sus declaraciones de bienes, sus cuestionables fallos y su condición de evasor previsional, asistió a la audiencia pública en el Senado en compañía de su socio, el abogado Jacobo Grossman. Este posee un prontuario de presunto delincuente común y se le atribuyen desde hurtos hasta secuestros. Ayer, la Comisión de Acuerdos del Senado sacó dictamen de mayoría avalando la designación de Zaffaroni. Pero ahora la Cámara alta pidió, a solicitud de la oposición, informes sobre su socio.
Eugenio Zaffaroni consiguió ayer el dictamen senatorial que lo habilita a ser juez de la Corte. Sólo falta que el miércoles que viene la designación presidencial reciba el aval del pleno de la Cámara alta para perfeccionar el trámite, iniciado por Néstor Kirchner. Será suficiente colectar allí 2/3 de adhesiones de los presentes.
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Lo que alarmó ayer a los senadores, incluidos quienes están disciplinados al kirchnerismo, fue el descaro de Zaffaroni al llevar a la audiencia pública del lunes a su socio, Jacobo Grossman, de quien se conocieron en las últimas horas supuestos antecedentes penales que irían desde hurto hasta secuestro extorsivo (la noche del martes lo había comentado Gerardo Sofovich en su divertido programa «Polémica en el bar». Diarios como «Clarín» o «Página/ 12», expertos en pesquisas de prontuarios ajenos se perdieron de dar la primicia).
Como si fuera insuficiente con los reproches que se le formularon por sus fallos como ex magistrado en materia penal y su conducta tributaria y previsional, que Zaffaroni permaneciera en esa deliberación junto a Grossman durante las 7 horas que duró la audiencia parece un desafío.
En la víspera, tras firmarse el despacho de mayoría redactado por Jorge Busti, la Comisión de Acuerdos aceptó un previsible planteo del renovador salteño Ricardo Gómez Diez para que se requieran los informes correspondientes sobre Grossman, antes de tratarse el pliego en el recinto. Eduardo Menem y Sonia Escudero apuntalaron la propuesta de Gómez Diez. Dado lo escandaloso de la especie, el resto de los integrantes de la comisión aceptó la moción, aun cuando al kirchnerismo parlamentario hubiera preferido soslayarla para evitar nuevas objeciones.
Sea como fuere los antecedentes penales que se le atribuyen al socio de Zaffaroni no podrían desbaratar los planes gubernamentales, si se tiene en cuenta que desecharon en Acuerdos -al menos el grueso de sus miembros-las gravísimas omisiones en materia de declaraciones de bienes ($ 1 millón que se ocultó y debió blanquearse con la propuesta del Ejecutivo). Ni hablar de la deuda previsional que reconoció no haber pagado Zaffaroni en su momento porque sólo le ocasionaba un perjuicio personal, desconociendo que una parte de los aportes solventa el pago de jubilaciones.
Precisamente, Gómez Diez y Escudero presentaron sendos dictámenes de minoría, tal cual adelantó ayer este diario. Escudero centró su rechazo en la ausencia de cupo femenino en la Corte, aunque no se privó de fustigar al postulante del Ejecutivo por el contenido de sus fallos que, según la legisladora, mostraría escasa consideración hacia las víctimas -se refiere a las mujeres-y mucha hacia los victimarios en materia de delitos sexuales.
Su colega y comprovinciano prefirió centrarse en fallos polémicos, sin olvidarse de que «ha incumplido con sus obligaciones como contribuyente en el régimen de trabajadores autónomos, ya que cuando lo propone el Poder Ejecutivo debía 94 períodos mensuales completos y 18 parciales, lo que hace una cifra de más de $ 20 mil de capital y $ 45 mil de intereses».
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