El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
«Queremos evitar llevar adelante un remedio que sea peor que la enfermedad», dijo ayer José María Díaz Bancalari. «Esto es de suma complejidad técnica y posibles efectos no deseados por la nulidad. Estamos trabajando en alternativas superadoras», dijo.
Esto significa que los peronistas analizan la posibilidad de sancionar una ley, pero que bajo ningún punto de vista será bajo la forma del proyecto presentado por la izquierdista Patricia Walsh. Incluso hoy también se resolverá cómo tratar la sesión especial pedida por esa diputada para tratar la nulidad de las leyes.
El argumento más fuerte que se les presentó a los legisladores contra la intervención del Congreso hasta ahora en el tema Obediencia Debida y Punto Final, y que favorecería la tesis que sostiene que sólo una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema podría satisfacer los requerimientos del gobierno, se basa en un dictamen que elaboraron los abogados de la bancada peronista. Allí, como ya adelantó
La misma argumentación sostiene que si se decidiera, a pesar de todo, avanzar con la nulidad, debería también declarar la suspensión del Código Penal durante el período de vigencia del Punto Final y Obediencia Debida, para que los inculpados no pudieran acogerse al principio básico de ese Código que permite a los ciudadanos acogerse a la ley más benigna. Una medida de ese tipo no sólo es impensada sino que se constituiría en un ridículo jurídico histórico.
Dejá tu comentario