El Gobierno avanzó en el Senado con la reforma de la ley de Salud Mental

El oficialismo consiguió respaldos para pasar a la firma el dictamen que busca modificar algunos puntos de la vigente ley 26.657.

Marquez, Arrascaeta y Arce, autoridades del plenario en el Senado.

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La Libertad Avanza prepara un proyecto para incluir en el temario del Senado antes del fin de año: la reforma de la ley 26.657 de salud mental, que busca cambiar criterios para concretar internaciones y la modalidad del tránsito de los tratamientos. Los aliados provinciales piden que se garanticen partidas presupuestarias para la implementación de los progamas de contención.

El proyecto se volvió a insertar en el plenario de las comisiones de Salud Mental y Legislación General, luego de su ingreso al Congreso en mayo de este año. El oficialismo logró conseguir firmas para el dictamen y así conseguir la media sanción de la propuesta en este mismo de período de sesiones ordinarias.

Desde la oposición, Jorge Capitanich admitió que la actual ley "no cumplió en términos de objetos, alcances e inversión en infraestructura y es absolutamente necesario adecuar la misma a una lógica dinámica que resuelva esta problemática que crece". Sin embargo, consideró que "la internación involuntaria se vuelve más arbitraria y al mismo tiempo más difícil de concretar en ciertos momentos" y apuntó que "la descentralización de las funciones a las provincias sin recursos ni una cooperación en validación de procesos estructurales de resolución puede agrabar el problema y debilitar institucionalmente la capacidad de abordaje".

Sobre este punto volvieron dos aliados provinciales del Gobierno: el misionero Carlos Arce y la correntina Mercedes Valenzuela. "Falta un financiamiento que no está expresado en este proyecto. Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, para que se traduzca en partidas presupuestarias identificables", sostuvo Arce, que además solicitó la inclusión del Consejo Federal de Salud y Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones porque "son los que tienen el mejor diagnóstico, porque es imposible un proyecto de ley sin su concertación activa". Ambos dieron su apoyo al dictamen, con esta disidencia parcial.

La principal defensora del proyecto fue Patricia Bullrich, quien sostuvo que la actual redacción cuenta con "una concepción mucho más preventiva en esta ley, porque se cambia el concepto de riesgo inminente, que es algo infraganti" y se tienen en cuenta "una serie de evaluaciones que el equipo interdisciplinario realiza para saber que esa persona puede reiterar esa conducta que pone en riesgo a la misma persona y a terceros". "Esta es una adecuación a situaciones que no estaban contempladas y trajeron muchísimos problemas en la Argentina", concluyó.

El oficialismo consiguió consensos para reformar la ley 26657.

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Reforma de Salud Mental: de qué trata el proyecto

Entre los puntos más importantes del proyecto de salud mental, las reformas incluyen:

• La conformación de equipos interdisciplinarios según los recursos humanos jurisdiccionales.
• La intervención del psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica. La necesidad de otro firmante, preferentemente psicólogo.
• Para internaciones voluntarias superiores a 60 días, se elimina el aviso al juez y su evaluación en cinco días. Catalogación del plazo de 180 días como "internación prologanda". Se establece la posibilidad de la atención ambulatoria y domiciliaria.
• Inclusión de las adicciones sin sustancias, como la ludopatía.
• Se limitan a los parientes que tienen potestad a los padres e hijos, manteniendo a representantes legales, cónyuges y convivientes.
• Para menores de edad, se agrega un régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos, autonomía progresiva, derecho a ser escuchados, confidencialidad, abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a imposibilidad acreditada y por el tiempo mínimo indispensable.
• Se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Deben respetarse esas directivas salvo que constituyan riesgo grave para la vida o integridad física propia o de terceros.