El jueves diputados dan dictamen contra Moliné

La Comisión de Juicio Político de Diputados intentará sacar este jueves el dictamen de acusación contra Eduardo Moliné O'Connor. Mañana, Ricardo Falú citará de manera oficial a esa dependencia, aunque deberá sortear el obstáculo de las vacaciones de invierno que distrae a la mayoría de los legisladores.

El borrador de dictamen ya está listo, al igual que un texto tentativo con nuevos cargos contra el ministro de la Corte por la denominada causa Moneta (el ex juez Luis Leiva le adjudica a Moliné haber promovido su destitución, vía Consejo de la Magistratura, a raíz de su enfrentamiento con el banquero Raúl Moneta).

Quedará postergada, por ahora, la definición de otros reproches por supuesto descrédito. Podría demorarse 2 o 3 semanas más el análisis de la carpeta. Por otro lado, los diputados están atrasados en el estudio del caso Pompas.

•Pruebas faltantes

Curiosamente, ya disponen del expediente de Córdoba (se refiere al fallecido empresario al que se le achaca administración fraudulenta del quebrado Banco Social de la provincia), pero -se quejan-no llegó la documentación en poder del máximo tribunal. Tampoco pudieron reunir, por cuestiones burocráticas, la prueba necesaria por el tema Godoy, última acusación formulada por el socialista Héctor Polino.

Sí podrían avanzar en los cargos por supuesta presión a testigos en la pesquisa de juicio político durante 2002 por la investigación de la Corte sobre la voladura de la Embajada de Israel. La denuncia, promovida por los radicales Hernán Damiani y Juan Minguez, se refiere a presuntas presiones a Hernán Bisordi, otrora secretario de la cabeza del Poder Judicial y hoy camarista.

Ayer, se sumó un pronunciamiento de peso para agitar la polémica sobre la embestida contra Moliné. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires cuestionó la «injerencia del Poder Ejecutivo» en la futura composición de la Corte Suprema de Justicia y alertó contra la formación de otra «Corte adicta, de cualquier signo político que sea».

En un comunicado que lleva la firma de su presidente, Horacio A. García Belsunce; y de su secretario académico, Jaime L. Anaya, pidió la entidad ciertos recaudos en el proceso «tendiente a preservar el respeto que merece como órgano máximo de un poder estatal y al que deben hacerse acreedores sus miembros».

Advirtió, asimismo, que «no pueden ser motivo de «mal desempeño», determinante del juicio que prevé la Constitución, las sentencias dictadas a favor o en contra de ciertas posiciones doctrinarias o precedentes jurisprudenciales, siempre discutibles según épocas y circunstancias, porque ello afectaría la independencia de los jueces».

•Estabilidad

Tras reivindicar la posibilidad de volver paulatinamente a la composición de 5 magistrados (por juicios, renuncias o muertes), algo que evidentemente no quiere el gobierno de Néstor Kirchner, la Academia sostuvo que «la Corte Suprema debe ser el más estable de los tres poderes de gobierno, como que tiene por función esencial el control de los otros dos». «Debe sujetarse a las pautas de justicia y prudencia.»

Falú prefirió bajar el tono de la pelea, aunque no se privó de recordar que «los miembros de la Academia fueron propuestos por la defensa del doctor Moliné». «Yo suscribiría la declaración, si bien habría que completarla con algunos conceptos sustanciales que faltan. Por ejemplo -continuó y memoró una cita de legisladores de la comisión en el pasado reciente-, no dice que hay precedentes de acusaciones o destituciones por el contenido de las sentencias cuando no fueron dictadas por el leal saber y entender de los jueces, sino por pasiones, intereses económicos u otras razones ajenas a la magna función de administrar justicia.» Según Falú, este concepto se cumplió desde el caso Pizarro de 1892 hasta la fecha.