El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El borrador de dictamen ya está listo, al igual que un texto tentativo con nuevos cargos contra el ministro de la Corte por la denominada causa Moneta (el ex juez Luis Leiva le adjudica a Moliné haber promovido su destitución, vía Consejo de la Magistratura, a raíz de su enfrentamiento con el banquero Raúl Moneta).
Quedará postergada, por ahora, la definición de otros reproches por supuesto descrédito. Podría demorarse 2 o 3 semanas más el análisis de la carpeta. Por otro lado, los diputados están atrasados en el estudio del caso Pompas.
Sí podrían avanzar en los cargos por supuesta presión a testigos en la pesquisa de juicio político durante 2002 por la investigación de la Corte sobre la voladura de la Embajada de Israel. La denuncia, promovida por los radicales Hernán Damiani y Juan Minguez, se refiere a presuntas presiones a Hernán Bisordi, otrora secretario de la cabeza del Poder Judicial y hoy camarista.
Ayer, se sumó un pronunciamiento de peso para agitar la polémica sobre la embestida contra Moliné. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires cuestionó la «injerencia del Poder Ejecutivo» en la futura composición de la Corte Suprema de Justicia y alertó contra la formación de otra «Corte adicta, de cualquier signo político que sea».
En un comunicado que lleva la firma de su presidente, Horacio A. García Belsunce; y de su secretario académico, Jaime L. Anaya, pidió la entidad ciertos recaudos en el proceso «tendiente a preservar el respeto que merece como órgano máximo de un poder estatal y al que deben hacerse acreedores sus miembros».
Advirtió, asimismo, que «no pueden ser motivo de «mal desempeño», determinante del juicio que prevé la Constitución, las sentencias dictadas a favor o en contra de ciertas posiciones doctrinarias o precedentes jurisprudenciales, siempre discutibles según épocas y circunstancias, porque ello afectaría la independencia de los jueces».
Dejá tu comentario