El método de selección cuestionado por todos

Eugenio Zaffaroni no se privó ayer de castigar el sistema que diseñó el gobierno de Néstor Kirchner para llevarlo a la Corte. Por supuesto, fue diplomático, pero deslizó que se convirtió, al estrenar el mecanismo de impugnaciones y audiencia pública, en una suerte de conejillo de Indias. Aprovechó para sugerir restricciones.

El radical Raúl Baglini, devenido en fiscal del polémico penalista, puso el dedo en la llaga al preguntarle «¿cuál es su opinión sobre el sistema de selección de jueces?».

Zaffaroni: Creo que el sistema y su reglamentación son positivos. ¿Defectos? Tengo un solo temor. No sé si algún colega, gente capaz, puede asustarse ante semejante exposición. Pero quizá sea una prueba por la que tenga que pasar un candidato a juez de la Corte. Entonces, habrá que reflexionarlo.

Baglini: ¿Le parece que el ministro de Justicia tiene que intervenir de alguna manera?

Zaffaroni: Hay una duplicación de funciones. Habría que ponerse de acuerdo sobre dónde se formulan las objeciones porque el Senado es el que abre el proceso. La alternativa podría ser a través de una comisión mixta o bien el Ejecutivo podría limitar la consulta a ciertas ONG. Sea como fuere, algunos senadores coinciden en reserva en que el mecanismo es un fracaso. No sólo expone al candidato a un desgaste innecesario sino que tampoco sirve para bloquear una designación por más polémica que resulte, tal cual el caso de Zaffaroni. Aun cuando se presenta el mecanismo como una forma de darle trasparencia al proceso de nominación de ministros de la Corte, como si el Ejecutivo resignase la potestad constitucional de proponerlos al Senado para que allí se les preste acuerdo con 2/3 de adhesiones de los presentes, está claro que no habrá número suficiente para voltear una promoción cuando el gobierno cuente con un bloque oficialista disciplinado y, obviamente, mayoritario. En estas circunstancias, el trámite se transforma en un simple formalismo que, aunque se dé curso a las impugnaciones, resulta una mise en scène.

El sistema instaurado por el decreto presidencial 222 no mereció, por ahora, autocrítica del gabinete o del propio Kirchner. Pero no habría que descontar algunas correcciones de formas. Por caso, los referentes de Poder Ciudadano, una de las ONG más activas, se quejaron de que las impugnaciones pudieran ser objeto de discusión con el candidato a juez supremo recién en el Senado.

En realidad, podrían ventilarse con mayor extensión apenas comienzan a recibirse críticas en el ministerio de Justicia, paso previo a la remisión del pliego al Congreso. Curiosamente, aquellas impugnaciones son las que se repiten, en la Comisión de Acuerdos, y que generalizan el debate, aunque ya en vísperas de aprobarse el diploma y sin dar tiempo al análisis detallado de las respuestas del postulante a sus detractores.

En ese marco, Jorge Yoma denunció ayer la existencia de «una campaña montada» por un estudio jurídico «para desprestigiar» al jurista. «Me puse a averiguar quién era Jorge Fernández Pelayo -uno de los censores de Zaffaroni-, y no lo encontré defendiendo ninguna causa de derechos humanos ni a madres de chicas violadas; apareció como integrante de un estudio jurídico que mandaba por Internet fomularios contra Zaffaroni». El riojano, en una prolongada defensa del candidato, deslizó que tanta preocupación se vinculaba con presuntos intereses de los clientes de ese bufete de abogados. No hubo tiempo para profundizar la cuestión ni escuchar la réplica de Fernández Pelayo.