Lo dijo el viernes a todo concurrente con el que conversó en la sede de la Embajada de Estados Unidos, en el festejo del Día de la Independencia de ese país. El juez de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O'Connor, acompañado por su hijo, ratificó así -ya lo había dicho- que enfrentará la poco seria acusación de Diputados y eventualmente el juicio político en el Senado. «Carece de sentido que los mismos tres argumentos que llaman 'acusatorios', en realidad basados en fallos, se puedan aplicar a cualquier miembro de la Corte, optando por el que el Poder Ejecutivo decide», explicaba Moliné O'Connor.
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Efectivamente se esgrime en su contra lo mismo que se utilizó contra Julio Nazareno, tras haber descartado a Carlos Fayt como al primero que le iban a hacer juicio político para buscar espacio para la izquierda en la Corte y reabrir el pasado sólo contra militares.
Los temas son el caso Franco Macri, de presunto contrabando y evasión (donde la Corte sólo ratificó lo que había ya aprobado el Tribunal de Casación, pero que además quieren usar contra Mauricio Macri en favor del preferido de Kirchner, Aníbal Ibarra). El caso Meller (que en realidad serían 115 millones de pesos a cargo del gobierno y no 400 millones como se dice para justificar la medida) y la sanción por una declaración en el exterior del juez Héctor Magariños.
El «especial» para Moliné, fuera del cartabón general aplicable a cualquier juez de ese alto tribunal, es el caso Leiva, ex juez mendocino, quien fue destituido por el Consejo de la Magistratura por extorsión a Raúl Moneta, ex banquero estigmatizado siempre por la izquierda local aunque nunca se le probó nada en la Justicia.
Moliné O'Connor no aceptó pasar de vicepresidente a titular de la Corte tras la poca honrosa «borratina» de Julio Nazareno, pese a que lo pedían los 7 miembros restantes del cuerpo, o sea la unanimidad.
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