Garavano confirmó que se enviará proyecto para limitar mandato del Procurador General

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, informó al Senado sobre el programa "Justicia 2020" y confirmó que uno de los proyectos que lo integran fija un mandato de cuatro años para la conducción de la Procuración General de la Nación, en medio del enfrentamiento con la actual jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó.

Garavano asistió junto al director del programa "Justicia 2020", Ricardo Gil Lavedra, para informar a las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta sobre algunos de los proyectos de reforma que comenzarán a enviar a partir de abril.

El ministro señaló que dos de las iniciativas que integran el programa son reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, y que en ambas "se prevé un mandato con plazos de cuatro años" para quienes ocupen el cargo de procurador general y defensor general.

"Tomamos el caso de Salta, que son cuatro años, pero pueden ser otros", aclaró Garavano, quien al inicio de la exposición aseguró que no pretende que ninguno de los proyectos del programa "Justicia 2020" sean tratados "a libro cerrado".

El plazo acotado para el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa se inscribe en la coyuntura política, dado que tanto el presidente Mauricio Macri como Garavano reclamaron en reiteradas oportunidades que la procuradora general Gils Carbó, vinculada al kirchnerismo, renuncie a su cargo.

El funcionario precisó que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, junto al de Ley de Unificación de los Fueros Correccional y de Instrucción y el de Fortalecimiento de la Justicia Federal con Asiento en las Provincias "ya fueron elevados a Presidencia" y "si todo va bien" serían los primeros en llegar al Senado.

En tanto, los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, de la Ley de Subrogancias, del Código Procesal Penal y del Ministerio Público de la Defensa, así como la derogación de las Cámaras de Casación "serán enviados en abril".

Al hablar sobre el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Penal, Garavano aseguró que su idea es "tratar de cumplir con el cronograma de aplicación" que definió la Comisión Bicameral del Congreso encargada de llevar adelante la implementación de la nueva normativa, que definió que se empiece a aplicar en el primer semestre de 2017 en Salta y Tierra del Fuego.

Pero el ministro aclaró que la reforma apunta al hecho de que, a su criterio, "el Código como está no es para delitos complejos" y que "ese cambio va a haber que hacerlo", lo cual fue apoyado por el presidente de la Comisión Bicameral, Rodolfo Urtubey (PJ-FPV), quien destacó que "las leyes queden en manos del Congreso".

"No pretendemos soluciones mágicas, sino llegar al consenso y que sea el Congreso el que fije las prioridades", expresó Garavano durante su exposición, al tiempo que señaló que la reforma apunta a consolidar una "Justicia moderna, transparente e independiente".

Según el ministro, la idea es que el programa "Justicia 2020" avance en forma "progresiva" a lo largo de "cuatro años".

Garavano definió al "combate al narcotráfico como uno de los ejes centrales" de la reforma y anticipó que dentro del paquete habrá también un proyecto de ley por el cual "se crean 100 cargos de jueces penales en todo el país".

Por su parte, el radical Gil Lavedra puso de relieve que la Argentina es el país que tiene "mayor cantidad de jueces por cantidad de habitantes" y el Poder Judicial cuenta con "mejores retribuciones en comparación con los otros poderes del Estado".

Sin embargo, "estos recursos materiales y humanos no están aprovechados como debería ser y a esto apunta el programa", señaló el exdiputado nacional de la UCR y agregó: "Estamos frente a un enorme desafío y una gran oportunidad".