Juicio a la Corte: diputados esperan a Moliné en set de TV

Los diputados de la Comisión de Juicio Político ya tienen acordado someter a un interrogatorio a puertas abiertas y delante de cámaras de TV a Eduardo Moliné O'Connor, en caso de que el ministro de la Corte decida presentarse y responder en persona la decena de cargos que le formularon este jueves, a las 12.

Según explicó a este diario el titular de la comisión, Ricardo Falú (PJ-Tucumán), eso es lo que correspondería hacer ya que la ley habla de un «juicio público». «No queremos hacer un show, pero sí que la gente sepa cuáles son los cargos y qué tiene para decir el magistrado», planteó el tucumano. De cualquier modo, Moliné podrá pedir que se haga en privado, si bien le corresponde también el derecho de efectuar el descargo por escrito o, si prefiere, mantenerse en silencio y esperar a que la causa llegue al Senado para defenderse.

• Fecha tentativa

Falú confirmó que la idea, si hay dictamen de acusación (algo que se descuenta), es que el caso Moliné llegue al recinto apenas termine el receso de invierno (habrá refacciones en el anexo donde funcionan las comisiones parlamentarias). La fecha tentativa, tal cual adelantó este diario, es el 13 de agosto. Mientras duren las vacaciones, la comisión -de acuerdo con lo que pactó Falú y los principales referentes peronistas, radicales, aristas y frepasistas de Juicio Político- seguirá en sesión permanente, aun cuando deba recurrir a lugares alternativos de deliberación.

Los abogados de Moliné O'Connor cuentan desde el jueves pasado con los antecedentes colectados por Falú y compañía. Para conseguirlos, tuvieron que enfrentar una accidentada gestión. Se vieron forzados a realizar una triple visita a esa dependencia y así obtener los expedientes que sirven de fundamento a la acusación provisoria.

La situación -que puede calificarse de insólita- demuestra hasta qué grado llega el celo de los legisladores que buscan la capitis diminutio de la denominada «mayoría automática». Muchos de ellos, aunque no lo admiten en público, temen que cualquier error de procedimiento haga caer la embestida contra el ex vice del máximo tribunal.

• Poder cuestionado

A poco de haberse notificado de los 10 cargos contra Moliné, delegados del bufete del constitucionalista Gregorio Badeni llegaron al Congreso a fin de retirar los expedientes en curso. La primera incursión no tuvo éxito: como los letrados se apersonaron sin autorización de puño y letra del juez, la secretaria de la comisión, María Juana Osela Muñoz, se negó a entregarles la documentación requerida.

«Vuelvan con un poder firmado por el ministro», requirió la funcionaria de la oficina que comanda el peronista tucumano Falú. Algo molestos, los emisarios volvieron sobre sus pasos e hicieron una segunda ronda hasta esa dependencia parlamentaria, esta vez, con un acta notarial suscripta por Badeni, a cargo de la defensa de Moliné, mediante la cual los autorizaba a tomar las carpetas respectivas.

Los papeles, a juicio de la señora Osela Muñoz, seguían en falta. «Necesitan un poder a nombre de Moliné», insistió. «Pero el doctor Badeni ya ejerció la defensa del juez en el anterior enjuiciamiento», intentaron explicarle los abogados. «Sí, pero aquel juicio terminó y éste es uno nuevo», se plantó Osela Muñoz.

En el último y tercer raid -ya era el anochecer del jueves-, los miembros del staff de Badeni arribaron finalmente con un poder suscripto por el magistrado en la picota. «Si no hubiera sido así y le hubiéramos dado los papeles sin este poder -confió a este diario uno de los aspirantes a verdugo de los jueces identificados con el menemismo-, Moliné bien podría haber planteado la nulidad de lo actuado y, de este modo, hubiera volteado el juicio político en curso.»