Kirchner retacea recursos a Solá para plan antidelito

A dos semanas del lanzamiento formal del plan antidelito, Felipe Solá espera todavía que Néstor Kirchner cumpla la promesa de «asistencia financiera» que éste le hizo cuando Buenos Aires hervía en medio de una escalada criminal y el escándalo por el patrimonio de algunos jefes policiales.

Por entonces, tras las gambetas de Gustavo Béliz y Alberto Fernández, desentendiéndose de la crisis bonaerense, Solá le arrancó a Kirchner el compromiso de apostar efectivos de Gendarmería y Prefectura en el conurbano y girarle fondos para construir cárceles y alcaidías, y aumentar la cantidad de fiscalías y defensorías bonaerenses.

Eso ocurrió en la previa del viaje del Presidente a Europa y 48 horas antes de que Béliz presente, para Capital Federal, un plan llamativamente parecido al que el gobernador le había mostrado a Kirchner.

En esa reunión, Solá elevó una nota pidiendo recursos para encarar la etapa de infraestructurade su plan contra el delito. Sumando todos los rubros -que abarcan obras y sueldos para funcionarios judiciales por un año-la provincia elevó una demanda de 90 millones de pesos.

Los efectivos nacionales ya actúan en el conurbano; los fondos todavía no. Hasta ayer, en La Plata, no había datos sobre el desembolso ni sabían si Nación está en condiciones de girar los fondos y si, eventualmente, aceptará el pedido integral o sólo una parte.

• Sin precisiones

Sin embargo, confiaban que en poco días ese dinero sería enviado para iniciar los procesos acordados entre Solá y Kirchner. En tanto, en la cartera de Justicia y Seguridad nacional tampoco pudieron dar precisiones sobre el tema. «Lo maneja Planificación», se indició.

Hubo en el medio otro factor que incomodó a Solá. A poco de anunciar el plan porteño, Béliz dispuso sin problemas de los recursos necesarios para inaugurar nuevas fiscalías y oficinas de la Federal. Sin embargo, esa celeridad no se registró en el caso de la provincia. En detalle, luego del esquema que diseñaron Solá y sus ministros de Seguridad, Juan Pablo Cafiero; de Justicia, Alfredo Meckievi; y de Gobierno, Federico Scarabino; y su jefe de Gabinete, Florencio Randazzo, el gobierno bonaerense pidió fondos que destinará a tres cuestiones:

• La construcción de dos cárceles de máxima seguridad con capacidad para 700 presos cada una. El costo de cada unidad ronda los 18 millones de pesos, que completa un presupuesto de 36 millones.

• La construcción de diez alcaidías en distintos municipios del Gran Buenos Aires, para cubrir un arco que va desde San Isidro hasta Berazategui. Cada edificio requiere una inversión de 5 millones, lo que hace un total de 50 millones.

• Para designar y pagar los sueldos por un año del personal que se nombrará para abrir 10 fiscalías y 5 defensorías en la provincia, con el objetivo de incrementar la presencia de fiscales, funcionarios clave en el nuevo esquema legal que impulsó el dúo Solá-Cafiero.

A pesar de esa tensión, ayer Cafiero y el secretario de Seguridad nacional, Norbeto Quantín, se tiraron flores. El bonaerense fue el más expresivo: agradeció el «esfuerzo» del gobierno nacional en la « prevención del delito» lo que ayudó a un «mejor despliegue policial» en el conurbano.