Ley de ATE para regularizar empleo público prevé pase a planta de 300.000 contratados

Facsímil del proyecto de ley presentado por diputado del FpV, Edgardo Depetri para regularizar el empleo público en el Estado nacional.

El proyecto de ley para regularizar el empleo público que presentó el gremio ATE en el Congreso implicaría el pase a planta permanente de más de 300.000 personas con contratos precarios en el Estado nacional.

El sindicato de trabajadores estatales logró esta semana el apoyo de la mayoría de los bloques de diputados a una iniciativa que prevé la efectivización de "todos aquellos que al 31 de diciembre de 2015 revisten funciones en cualquier jurisdicción o dependencia, centralizada o descentralizada de la Administración Pública Nacional".

El texto, que fue presentado por el legislador del FpV, Edgardo Depetri, incluye el pase de los trabajadores que cumplen funciones "transitoriamente" en el Congreso antes del 15 de diciembre y de todos los que "obtuvieron el primer lugar en el correspondiente orden de mérito en los procesos de selección pertinentes" y que todavía no fueron designados. 

Pero además, la norma a la que tuvo acceso ámbito.com declara la "inaplicabilidad" del despido sin causa y reincorpora a los trabajadores desvinculados por "cualquier motivo" en un plazo de 30 días desde la sanción de la ley, con el pago del salario caído. El artículo 6 además prohíbe la disminución o reducción de los sueldos en el pase a planta.

Según datos elaborados por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) hasta 2014, en la administración nacional trabajan 750.000 personas, sin contar Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles reestatizados, que sumarían 28.000 más. 

La fundación FIEL estimó que al cierre de 2015 la cifra llegó a 782.557, de los cuales 125.771 son empleados de empresas públicas y bancos oficiales.

Fuentes gremiales revelaron a este medio que 40% de la masa ocupada por la Nación estaría en condiciones precarias de pasar a la planta. Serían entre 300.000 y 313.000 personas, más los trabajadores "transitorios" del Parlamento.

La ley de ATE se coló entre otros dos proyectos presentados impulsados por las CGT y las CTA, que también fueron presentados por bloques opositores. Uno refiere a la emergencia ocupacional, que prohíbe los despidos y duplica las indemnizaciones por despidos sin causa y los cambios al Impuesto a las Ganancias.

Pero también surge por la durísima resistencia que encaró el sindicato verde y blanco contra los despidos masivos orquestados por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. En coincidencia con la fecha límite impuesta por el Decreto 254/15, el funcionario reveló que las cesantías en el sector público llegaron a 10.921 empleados. Según Ibarra, la barrida de personas a la calle significa un "ahorro fiscal" de $ 3.500 millones anuales, lo que representa apenas 0,22% de los gastos corrientes presupuestados para 2016 ($ 1.569.412.091.951).

El proyecto lleva la firma de los opositores Depetri, Héctor Recalde, Abel Furlán y Leo Grosso (FpV), Graciela Camaño y Facundo Moyano (FR), Alberto Roberti y Oscar Romero (Justicialista), el diputado moyanista Omar Plaini y Victoria Donda y Hermes Binner, del FAP.

Para el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, el oficialismo debería apoyar la medida sin argumentar inconvenientes presupuestarios. "Crearon secretarías y subsecretarías que hoy cuestan más plata por la designación de funcionarios con sueldos entre $ 40.000 y $ 80.000, el salario de los que pasen a planta será de entre $ 8.000 y $ 12.000, por lo que presupuestariamente es absolutamente viable", afirmó en declaraciones a ámbito.com

"Las fuerzas políticas entendieron que la coyuntura es grave y están demostrando iniciativa para resolverlo en el Congreso. Entendemos que este proyecto será tratado con los otros que ya enviaron las otras centrales. Esperamos que Cambiemos analice estas iniciativas, porque es una forma de contener a los trabajadores", remarcó el líder sindical.