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La llave que -según fuentes- permitió comenzar a acercar posiciones entre los bloques, incluso con quienes solicitaron la convocatoria a la sesión especial de hoy para tratar la nulidad de las leyes del perdón, fue la llegada a la Cámara Baja del decreto dictado ayer por el Poder Ejecutivo por el cual solicita al Legislativo que le dé rango constitucional a ese convenio.
De hecho, cerca de las 13, representantes de los distintos bloques se acercaron a la Presidencia de la Cámara, donde se realizaba una reunión encabezada por el titular del cuerpo, Eduardo Camaño, con el fin de definir un proyecto de consenso que avance sobre la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como así también sobre los indultos dispuestos en los `90.
En principio, una de las posibilidades que barajaban los distintos bloques era bajar hoy al recinto para darle media sanción al otorgamiento de rango constitucional del convenio y pasar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima con el fin de, en ese plazo, terminar de cerrar un acuerdo en torno a un proyecto de consenso para disponer la nulidad de las leyes del perdón y los indultos.
De esta manera, el escenario de la Cámara baja dio un giro este mediodía, dado que todo hace suponer que la mayoría de los legisladores de los distintos bloques bajarían esta tarde al recinto la sesión especial solicitada por un grupo heterogéneo de legisladores encabezado por Patricia Walsh (IU) que impulsa la nulidad de las leyes del perdón y los indultos.
Es que con la decisión del presidente Néstor Kirchner de completar el trámite para la adhesión de Argentina a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y de enviar un decrero al Congreso por el que solicita que se le dé rango constitucional, incluso el justicialismo decidió avanzar sobre la nulidad de las leyes.
De hecho, distintas fuentes parlamentarias consignaron este mediodía que, en el marco de la reunión de bloque que se desarrollaba en el tercer piso del Palacio Legislativo, los justicialistas resolvieron dejar de lado el proyecto que tomaba la figura de "inoponibilidad" para hacer primar los convenios internacionales firmados por Argentina por sobre las leyes del perdón y los indultos.
En ese marco, cerca de las 13, se desarrollaba en el despacho de Camaño una reunión en la que representantes de los distintos bloques analizaban el nuevo escenario e intentaban llegar a un acuerdo en torno a una iniciativa de nulidad de esas leyes que sería considerada una vez que se le haya otorgado rango constitucional al convenio al que Argentina formalizó su adhesión.
Para poder proceder en ese sentido, el convenio ratificado por el decreto 579/03 del Poder Ejecutivo firmado ayer por el presidente Néstor Kirchner debe ser avalado con el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras del Congreso Nacional, es decir que en Diputados debería cosechar el respaldo de 170 legisladores y, en la Cámara alta, de 47 senadores.
Así lo establece el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional que, fija, entre las atribuciones del Congreso la posibilidad de dar rango constitucional a tratados y convenciones sobre derechos humanos que suscriba la Argentina con el voto "de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara".
De todos modos, el eventual acuerdo que lleguen a alcanzar los bloques a la luz de las intensas negociaciones que mantenían este mediodía quedará plasmado o terminará de tomar forma esta tarde en el recinto, cuando sea la hora de la sesión especial convocada a pedido de legisladores de centroizquierda para avanzar sobre la nulidad de las leyes del perdón y los indultos.
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