Nuevo intento de Ibarra de cobrar por juego en Capital

Ahora, los legisladores porteños quieren modificar la ley de juego de la Capital Federal para permitir la instalación de casinos en el distrito, cuya prohibición generó una dura polémica en tiempos de Fernando de la Rúa presidente.

La iniciativa, de uno de los nuevos aliados de Aníbal Ibarra, Miguel Doy (ex belicista), se funda en las suculentas sumas que este año recibió en apuestas el Casino Flotante, de las cuales ni un peso queda para la Ciudad, y del funcionamiento de máquinas tragamonedas a pesar de estar vetadas.

De todos modos, el Casino Flotante es una materia en discusión. Su hábitat, el Río de la Plata, pertenece a la órbita nacional, por eso la Capital nunca pudo hacer nada con él. Lo intentó De la Rúa intendente, quien envió a sus funcionarios a clausurarlo, pero perdió la partida que derivó en un conflicto de jurisdicciones aún irresuelto. Mientras dura esa disputa, la ruleta flotante ya facturó más de $ 3.000 millones.

Otra embestida porteña fue la creación de un instituto de juego que se dedica a observar cómo la Capital Federal puede cumplir con la Constitución y controlar y explotar los juegos de azar como reza ese estatuto. Llegó ese instituto a la elaboración de un convenio con el gobierno nacional, con borradores que fueron corregidos una y otra vez cruzando la Plaza de Mayo ida y vuelta. Finalmente, Eduardo Duhalde llegó a tener el borrador definitivo, pero nunca fue tratado. Ese documento sigue en los cajones de Néstor Kirchner, pero saldría en cualquier momento con cláusulas que blanquearían la presencia de las ruletas en la Ciudad de Buenos Aires y también de las tragamonedas.

De la Rúa, siendo ya presidente, autorizó con un decreto la instalación de máquinas tragamonedas en la Capital, lo que terminó encendiendo la pólvora entre los legisladores que ven en el juego de azar algo así como un demonio. Fue entonces cuando sancionaron la polémica Ley 538 que prohíbe esas máquinas de la fortuna.

•Negocio tentador

Ibarra quiso en su momento suscribir un convenio con la Nación para recibir parte del producido de las apuestas. Lo hizo no bien asumió en 2000, pero los legisladores, como el convenio hablaba de recibir dinero del casino, se opusieron, en especial los por entonces fervientes delarruistas, desencantados luego con su presidente que les autorizaba las tragamonedas. El año pasado, incluso, el contrato de existencia del buque Estrella fue prorrogado y se autorizó un mellizo.

El negocio es tentador, por eso algunos legisladores están convencidos ahora de que es mejor la regularización del casino y las tragamonedas para poder percibir fondos para ayuda social, que el dinero se cuente en sus narices. Otros, como Doy, creen que no es lógico que una empresa como Casino Club se lleve el monopolio de las ruletas, que como tal le reportó el primer año de instalación $ 560.928.000 de recaudación, al año siguiente $ 680.407.000 y el año pasado $ 1.101.642.000, mientras que en los meses que van de 2003 llegó a contar $ 1.244.698.000 de dinero de apuestas.

Doy asegura que «desde octubre de 1999 hasta julio de 2003, el concesionario ganó $ 821.739.000, porque es el único juego de azar que le aporta al Estado nada más que 20% de sus beneficios, mientras el resto tributa como mínimo 34%».

El legislador, junto a otros pares de Fuerza Porteña -la nueva alianza de Ibarra-, ya mencionó la propuesta de modificar la ley de juego en el recinto la semana pasada. Esa norma incluso se llegó a juzgar de anticonstitucional porque deja en el jefe de Gobierno la iniciativa de pedir permiso a los legisladores para autorizar la instalación de un casino y su posterior concesión. Es decir, restó iniciativa legislativa a los diputados y a los vecinos. Esa sola modificación permitiría la discusión acerca del juego en otros términos y con un clima hoy al parecer menos adverso en las bancadas ante el hecho de la existencia y vigencia del casino y de cientos de tragamonedas en el hipódromo de Palermo, en medio de causas judiciales cruzadas.