El rol de instructor del sumario contra el jefe militar Roberto Bendini sumió al secretario de Asuntos Militares, Julián Domínguez, en un mutismo raro. Curiosa la explicación que daba ayer para ese silencio: que tiene una orden del ministro de Defensa de no hablar.
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Esa peregrina disposición por parte de un funcionario público y sobre asuntos también públicos pone a Domínguez y a José Pampuro al borde del incumplimiento de su obligación constitucional de publicar los actos de gobierno que no estén protegidos por el secreto o la confidencialidad. Pampuro y Domínguez debieron recordar la máxima del ex general Martín Balza en su famoso sermón del arrepentimiento: Delinque quien vulnera la Constitución nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales.
Ellos dirán, claro, que éstos son pecadillos que la ley no castiga o que son metáforas de un militar devaluado por el retiro efectivo. Pero de eso se trata cuando se busca escamotear de la mirada pública los actos oficiales de los funcionarios
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