El gobierno desencadenó ayer otra purga en fuerzas de seguridad con el desplazamiento a retiro y a disponibilidad de 69 oficiales del Servicio Penitenciario Federal, el cuerpo que administra las cárceles que dependen del Ministerio de Justicia. En el último tiempo hubo multitud de denuncias no ya de atropellos sobre los detenidos, sino de oficiales que eran cómplices de reclusos que salían a robar y matar, una práctica abominable que devela el estado de indefensión de la sociedad. Muchos de los desplazamientos se encubren como retiros voluntarios y jubilaciones forzosas, pero otros irán a juicio por delitos que se les investigan. No es la última fuerza donde se esperaban cambios; faltaría ahora disciplinar la Policía Aeronáutica y a los custodios privados. Resta conocer si los cambios obedecen a una auténtica voluntad de perfeccionamiento.
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La orden de jubilarse recayó tras el análisis de 150 legajos que empezaron a ser revisados hace 45 días. Se trata de agentes en edad de retiro, otros que aceptaron retiros voluntarios y otros involucrados en presuntas violaciones a los derechos de los detenidos.
Entre los agentes del SPF obligados a retirarse De la cúpula del Servicio Penitenciario Federal sólo quedaron el jefe y el subjefe. El director de la fuerza continuará siendo el inspector general Pedro Acevedo y el subdirector, el inspector general Miguel Esteban Barroso. De los restantes seis inspectores generales -grado máximo dentro del SPF y equivalente a comisario general en la Policía-, cinco de ellos fueron desplazados.
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