El secretario de Seguridad, Norberto Quantín, envió a su segundo, Ignacio Rodríguez Varela, a Holanda al frente de un grupo de policías, expertos en violencia deportiva y hasta con representantes de organismos pro derechos humanos, como Estela de Carlotto. «Más que medios económicos, lo que hace falta es sentido común», dijo Quantín. No precisamente lo que abunda en el plan llevado adelante por el juez Mariano Bergés y Javier Castrilli (ver «Los tremendistas»).
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De acuerdo con el relato de Rodríguez Varela, en Holanda se busca evitar la intervención policial directa todo lo posible. Los clubes son responsables de la seguridad de los espectáculos que organizan y deben responder con custodios privados desarmados -en general estudiantes jóvenes-y entrenados por la Policía.
En los días previos al partido efectivos de la Policía visitan a los barras bravas más duros en sus casas y les advierten que están siendo observados.
No se permite la venta de alcohol durante todo el día del partido en una zona establecida.
Antes de ingresar al estadio, los barras bravas deben concentrarse en lugares preestablecidos. Los tickets que adquieren incluyen la entrada y el transporte -a cargo del equipo visitante-desde ese lugar de encuentro hasta el estadio, lo que permite a los clubes ejercer el derecho de admisión.
Si un simpatizante resulta detenido, no podrá ingresar por dos años a un estadio para ver a su equipo.
La Policía sólo interviene en caso de disturbios graves, en operaciones rápidas, tipo comando, en las que reduce y detiene a los violentos.
Dentro del estadio no suele haber más de 30 policías en los partidos de más alto riesgo. Si no es estrictamente necesario -en función de lo que digan las tareas de inteligencia previas al partido-no llevan armas. Sí escudo, cachiporra, casco, canilleras y protectores de brazos.
Los fiscales están dentro del estadio, lo que permite encontrar testigos de inmediato y obtener condenas en pocos días.
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