El peronismo del Senado pretende tomar la delantera en la postergada sanción de una nueva ley de radiodifusión y, en ese sentido, lanzó un proyecto de telecomunicaciones, que actualiza y corrige la vieja ley del último régimen militar y sus modificaciones (la mayoría por decretos presidenciales), al mismo tiempo que incluye a la telefonía básica e Internet en su reglamentación.
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El tema podría comenzar a discutirse en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta la semana que viene. Uno de los puntos centrales de la propuesta, redactada por Angel Pardo (PJ-Corrientes), consiste en garantizar el ingreso de nuevos operadores donde existan situaciones dominantes o exclusivas, de hecho o de derecho, en materia de radio y televisión. Algo que, seguramente, provocará resistencia en los medios afectados, y no sólo porque el litoraleño -ex vice de la desaparecida Comisión de Comunicaciones-tiene antecedentes en materia de resistencia a los monopolios de prensa.
En Diputados, la Comisión de Comunicaciones, que encabeza el neokirchnerista Pablo Fontdevila, no procuró hacer avances en este sentido, a la espera de señales claras del Ejecutivo. Sólo hay allí sendos textos parciales de la frentista Irma Parentella y el socialista Héctor Polino, más retoques al marco vigente.
•Objetivos
La iniciativa de Pardo, que será eje de discusión parlamentaria, apunta a cumplir con una serie de premisas que no siempre se tienen en cuenta cada vez que se reabre este debate en el Congreso: « libre competencia, prioridad y defensa del usuario y del público en general, establecimiento de medidas antimonopólicas, seguridad jurídica a los sectores privados, interconexión de redes en condiciones no discriminatorias y mayor participación de la industria nacional».
El senador de Corrientes, que es miembro de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, propone la creación de un Ministerio de Comunicaciones que no solamente coordine tareas con otras áreas de gobierno, sino que se ocupe de otorgar licencias y caducidades, y de elaborar un plan de telecomunicaciones.
De este ministerio, dependerán el sistema de Radio y Televisión Argentina («Radio Nacional» y «Canal 7»), el Consejo Federal de Telecomunicaciones animado por delegados de las 24 provincias, el COMFER (responsable de controlar la radiodifusión), el ISER (que prepara locutores y técnicos), el Consejo Asesor de Radiodifusión e Internet (CARI), la Defensoría de Usuarios y Público, la Comisión Nacional de Comunicaciones (encargada de supervisar las telecomunicaciones) y el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones (LANTEL) que, entre otras funciones, homologará equipos e investigará sobre innovaciones en materia de software y hardware.
La propuesta de Pardo estipula que «una misma persona podrá ser titular de más de una licencia en servicios básicos de radiodifusión», si bien nunca « podrá acumular un total superior a las 24 licencias de radiodifusión en todo el país», de las cuales apenas 12 serán de televisión abierta (restringida a 1 en la misma área de cobertura primaria). Jamás podrá sobrepasarse 25% del total de las licencias adjudicadas en el área y para el mismo servicio. Las redes de televisión abierta tampoco podrán integrarse con más de una docena de emisoras y las de radio con un techo del doble.
En cuanto al terreno anti-monopólico, el legislador del PJ determina que el Ministerio de Telecomunicaciones deberá reservarse en cada área de cobertura 30% de las frecuencias disponibles en todos los casos para ser adjudicadas a operadores de una sola frecuencia. En ningún caso, un único grupo empresarial podrá superar 45% de audiencia nacional televisiva abierta o sonora. A partir de la promulgación de la ley, las licencias de radiodifusión se otorgarán por un período de 15 años a contar desde la fecha de inicio de las emisiones. Y podrán ser renovadas, a pedido del interesado, por un plazo adicional de 10 años. La iniciativa del correntino Pardo, asimismo, tiende a extender el servicio de Internet a centros educativos, bibliotecas y hospitales, así como la universalización de la red telefónica a lugar de baja o negativa rentabilidad.
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